Agregaron que esta misma semana se verificará el traslado a la Península de otros dos grupos de menores, que ahora residen en el centro temporal Canarias 50 --habilitado por la Secretaría de Estado de Migraciones-- o en recursos del Ejecutivo canario.

Estas derivaciones obedecen a sendos autos del Tribunal Supremo, que indicó que era el Estado el que debía hacerse cargo de 827 menores de edad solicitantes de asilo acogidos en Canarias y que, además, tenía la obligación de hacer todo lo posible para solventar el hacinamiento que estos padecían en los centros del archipiélago.

La reubicación de 3.900 menores no acompañados para descongestionar los sistemas de protección a la infancia de Canarias y Ceuta sigue otra vía, pues estos niños serán trasladados a recursos dependientes de gobiernos autonómicos, que también asumirán su tutela.

Según confirmó el Ministerio, la secretaria de Estado de Migraciones "está en conversaciones con varias comunidades autónomas de cara a cerrar en los próximos días la apertura de nuevos recursos", dependientes en este caso del Estado, donde alojar a los solicitantes de protección internacional menores de edad que lleguen desde Canarias.

En la reunión semanal que el Ejecutivo central y el canario mantienen para dar seguimiento al cumplimiento del auto del Supremo, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, informó hoy de estas actuaciones.

Avanzó los dos traslados previstos para esta semana y sus planes de incrementar el número de recursos en Península --y, por tanto, también de derivaciones--, desde el 1 de septiembre. Además, adquirió el compromiso de presentar en cada reunión un calendario quincenal de traslados, a partir de la próxima semana.

El destino de los menores traslados se mantendrá en secreto, a fin de garantizar la máxima protección a estos chicos y chicas, que presentan situaciones de gran vulnerabilidad.