Así lo informaron desde Inclusión con motivo del informe Foessa de Cáritas hecho publico recientemente. El Gobierno aseguró que, de acuerdo con datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fisca (Airef), el “ahorro” de las comunidades autónomas podría llegar a 600 millones de euros este año.

También, el Ejecutivo agradeció a Cáritas la elaboración de este informe porque es un “referente imprescindible” para comprender la evolución de la pobreza y la exclusión social en España, supone una “aportación muy valiosa al diseño y mejora de las políticas públicas” y complementa el análisis del Laboratorio de Políticas Públicas del Ministerio de Inclusión, que evalúa el impacto real de las políticas de inclusión y protección social.

Además, desde el ministerio destacaron algunos datos del mercado laboral de los jóvenes, que está viviendo “uno de sus mejores momentos”. Desde el 2021, el número de jóvenes trabajando creció un 24,3%, más que la media, y las bases de cotización de los menores de 30 años aumentaron más de un 32%, ocho puntos y medio más por encima de la media, ´según resaltaron desde Inclusión.

Del mismo modo, el número de jóvenes con estudios medios y altos también creció, lo cual se refleja en el tipo de sectores donde trabajan. Entre los empleos que más crecen están los de alto valor añadido. Además, la tasa de abandono escolar temprano bajó “a mínimos” y la parcialidad involuntaria entre los jóvenes se redujo más de un 20%.

VIVIENDA Y RENTAS MÍNIMAS

Por otro lado, el Gobierno compartió su preocupación sobre el desafío de la vivienda. Aunque esta materia no es competencia del Ministerio de Inclusión, recordó que el Gobierno trabaja en coordinación con todos los departamentos para abordarlo. Inclusión mencionó que un ejemplo de está coordinación es la operación de la línea de vivienda del Fondo de Impacto Social (FIS), gestionado por Cofides.

Se trata de una inversión de cinco millones de euros en la plataforma tuTECHÔ. El préstamo se destinará a la adquisición de nuevos inmuebles para alquiler -con una renta un 30% inferior a la del mercado- y a reforzar su capacidad operativa en todo el territorio nacional.

También, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es “accesible para los jóvenes”. El ministerio recordó, entre otras cosas, que a esta prestación pueden optar los jóvenes de 18 años que salen del sistema de protección, menores extutelados y otros jóvenes que con 18 años se quedan en situación de orfandad absoluta. Asimismo, se incorporaron mejoras para facilitar las condiciones a su acceso. Por ejemplo, se redujo el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.

Pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos/as a cargo. El IMV es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza infantil y mejorar la situación de los menores en hogares vulnerables.

Para el IMV, no se exige el cumplimiento del requisito de edad, ni el de haber iniciado los trámites de separación o divorcio, en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos y explotación sexual, según recordó Inclusión.

En cuanto a la evolución de las rentas mínimas, con la aprobación del IMV, estas asumieron el objetivo de asegurar una protección más extensa, llegando a colectivos no incluidos en el IMV. En cambio, cinco años después de su aprobación, aún hay siete autonomías que no modificaron su normativa para complementar el IMV. En términos generales, las comunidades redujeron su presupuesto en rentas mínimas.

En este sentido, Inclusión advirtió de que, en algunos territorios, las rentas mínimas parecen “encaminadas a extinguirse”, de acuerdo con el uñtimo informe del Consejo Económico y Social de España (CES). Solo País Vasco, Comunidad Valenciana (+63%), Canarias (+26%), Navarra y Ceuta mantienen o aumentan los perceptores, mientras que Cataluña conserva un número significativo de personas protegidas.