La reunión tendrá lugar a tres días de que dé comienzo el mes de diciembre y, por tanto, a pocas semanas de que concluya el año 2022 y de que acabe el plazo comprometido por parte del Estado español con la Unión Europea para que la reforma de pensiones esté aprobada para seguir avanzando en las acciones enmarcadas en el Plan de Recuperación para la percepción de los fondos europeos de reconstrucción.

Aunque no se están produciendo encuentros formales, tanto el Ministerio como los agentes sociales han explicado en reiteradas ocasiones que sí se están produciendo contactos informales para ir avanzando.

Entre las cuestiones más relevantes que están sobre la mesa, destaca el destope de las bases máximas de cotización y las pensiones más altas, así como la posibilidad de modificar el período de cálculo de la pensión.

En concreto, el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha destacado que no se trata de recortar las pensiones con este último punto, sino de que, por ejemplo, los cotizantes puedan no verse afectados por las “lagunas” de años en los que hayan tenido menos ingresos en el mercado de trabajo. Algo que, según ha indicado, afecta en mayor medida a las mujeres.

En cuanto al destope de las bases máximas, el Ministerio no ha concretado, al menos públicamente, una propuesta, si bien el diario ‘El País’ adelantó que Seguridad Social baraja incrementar un 30% las bases máximas de cotización y las pensiones más altas en un período de 30 años.

Los sindicatos defienden la necesidad de llevar a cabo este destope para hacer sostenible el sistema de pensiones. De hecho, este mismo jueves, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, calificó esta hipotética propuesta de “asumible” para las empresas.

En cambio, desde la patronal se pone el foco en el incremento de costes que esta medida puede suponer para las empresas, con la consiguiente incidencia sobre el mercado de trabajo.

Por su parte, Escrivá mantiene que el objetivo es que esta última pata de la reforma de pensiones esté aprobada antes de que concluya este año, en línea con el plazo comprometido con la Unión Europea. Además, ha apuntado a que la fórmula podría ser la del real decreto-ley.

SMI

La llegada de diciembre también está marcada en rojo en el calendario como un momento importante entre los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo y Economía Social ya que, según la titular de dicho departamento, será cuando se convoque a los sindicatos y a la patronal para negociar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de cara al año 2023.

Hasta el momento, Díaz ha explicado que están a la espera de las conclusiones del comité de expertos que ha recibido el encargo ministerial de actualizar la cifra a la que debería llegar el SMI para que el Ejecutivo pueda cumplir con su compromiso de que este indicador alcance esta legislatura el 60% del salario medio en España. En la actualidad, el SMI se sitúa en los 1.000 euros al mes por 14 pagas y, desde la llegada del actual Gobierno, ha crecido un 36%.

Tanto UGT como CCOO piden que llegue a los 1.100 euros, mientras que desde CEOE no se pronuncian sobre cifras concretas, alegando que es una prerrogativa del Gobierno, previa consulta con los agentes sociales. Eso sí, los empresarios advierten de las consecuencias para la creación de empleo de incrementar de forma importante los costes laborales.

BECARIOS

El Ministerio de Trabajo mantiene abiertas también tres mesas de negociación sobre las que Díaz ha expresado su deseo de cerrar un acuerdo cuanto antes. Se trata de la negociación relacionada con la ley de formación, la de la futura estrategia de lucha contra la siniestralidad laboral y la del Estatuto de los Becarios.

Sobre esta última, Trabajo pretendía que estuviera cerrada antes del final del verano, para que el nuevo marco legal de las personas en prácticas estuviera en vigor en septiembre, con el inicio del pasado curso. Pero este objetivo no se logró, en aras de los intentos del Ministerio de intentar alcanzar un acuerdo entre las partes.

Más allá del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de la cartera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha mostrado su intención de que antes de que acabe 2023 se pueda lograr en España un pacto de rentas. No obstante, los agentes sociales piden no confundirlo con la negociación bilateral entre sindicatos y patronal sobre la evolución de los salarios en convenio, paralizada desde mayo de este año ante el rechazo de CEOE a admitir cláusulas que vinculen los salarios a la inflación, como exigen los sindicatos.

Los agentes sociales recuerdan que el pacto de rentas debe incluir otras cuestiones que atañen al Gobierno y, precisamente, fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos trasladaron a Servimedia su deseo de que tras las elecciones de CEOE, en las que ha sido reelegido Antonio Garamendi como presidente, se “puedan retomar esos trabajos” y “avanzar para lograrlo”.

Además, el pacto de rentas fue una de las cuestiones abordadas en el último encuentro del Consejo Asesor de Economía, según estas mismas fuentes. Asimismo, se trataron cuestiones como el contexto económico internacional; la “resistencia” de la economía española; el comportamiento del mercado laboral; las previsiones de inflación; la política monetaria y fiscal, y el despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.