El Consejo de Ministros aprobó el martes, en segunda vuelta, el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar el derecho a la interrupción del embarazo. Y hoy mismo la Mesa del Congreso calificó el proyecto de reforma para acelerar los plazos. Desde el Ejecutivo reconocen que se quiere dar prioridad a su aprobación, sin desvelar todavía las fechas en las que podría votarse.

Fuentes parlamentarias explicaron que la tramitación por procedimiento de urgencia, que reduce a una semana el plazo de presentación de enmiendas, permitiría que el debate y votación en el Pleno del Congreso tuviera lugar a finales de mes. Es decir, que la votación, que necesita de tres quintos para salir adelante por tratarse de una reforma de la Carta Magna sin exigencia de disolución de las cámaras, tendría lugar justo antes del inicio de la campaña de las elecciones autonómicas de Andalucía.

Para ese último pleno de abril, el de los días 28, 29 30, se prevé también la convalidación o derogación del decreto que prorroga los contratos de alquiler, aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de marzo.

DOS DE CUATRO

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, recordó ayer que el Gobierno ha llevado a cabo en esta legislatura dos de las cuatro reformas de la Constitución en su historia.

La primera sobre el artículo 49 de la Carta Magna que viene a reforzar los derechos de las personas con discapacidad y elimina términos obsoletos como "disminuidos", sustituyéndolo por "personas con discapacidad", y garantiza su autonomía, inclusión y accesibilidad universal, con especial atención a mujeres y menores con discapacidad. En segundo lugar, el Ejecutivo también impulsó la reforma de la Constitución para que Formentera elija senador propio. Se trata de dos reformas impulsadas, "cosa que no es poco", señaló Bolaños.

El ministro señaló sobre este nuevo proyecto de reforma que intentará "llevar a cabo una tercera reforma constitucional" y que "salga fruto del diálogo" para que "pronto empiece su tramitación en esta Cámara". Así, la reforma impulsada por el Gobierno seguirá los cauces establecidos, conforme al procedimiento previsto en el artículo 167 de la Carta Magna y requerirá la aprobación por mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado.

En caso de desacuerdo, sería necesaria la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado que propondría un nuevo texto, que se sometería de nuevo a votación. De no lograrse, el texto podría aprobarse por mayoría de dos tercios en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.