En una nota de prensa, la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno que preside Esperanza Aguirre denuncia el "acoso permanente" al que se siente sometida esta administración regional por parte del Gobierno central y subraya que solo en el caso madrileño el recurso interpuesto por el Ministerio de Sanidad va acompañado de la solicitud de suspensión de la normativa autonómica correspondiente.

El Gobierno de Esperanza Aguirre se cree en la obligación de "denunciar, una vez más, el acoso permanente al que el Gobierno de Rodríguez Zapatero viene sometiendo a esta Comunidad y, por tanto, a los intereses de todos los madrileños".

"A la larga lista de agravios del Gobierno de la Nación hacia la Comunidad de Madrid se suma ahora, en efecto, el dudoso privilegio de que el decreto sobre tabaco sea, en este caso, motivo de solicitud de suspensión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mientras que los de otras comunidades como Valencia, Castilla y León y La Rioja han sido recurridos por el Ministerio de Sanidad y Consumo, sin que éste haya pedido la suspensión en ningún caso", añade la nota.

A su juicio, es evidente "que la persecución de la que es objeto la Comunidad de Madrid por parte del Gobierno de la Nación roza ya lo obsesivo, sin importarle siquiera vulnerar competencias que son, constitucionalmente, autonómicas".

A este respecto, asegura que el decreto regional de desarrollo de la Ley Antitabaco "se limita estricta y escrupulosamente a la normativa estatal y, por lo tanto, ante el recurso anunciado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Gobierno regional planteará una cuestión de inconstitucionalidad".

Para el Ejecutivo madrileño, "que la ley aprobada por el Gobierno de Zapatero sea mala, vaga e imprecisa y permita desarrollos diversos en el marco de una misma norma básica, no significa que el Ministerio de Sanidad y Consumo pueda impedir que las comunidades autónomas ejerzan sus competencias de desarrollo".

"Es intolerable que, en su desmedido afán por agraviar, desgastar y marginar a la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Zapatero llegue incluso a ignorar la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que niega el carácter básico y, por tanto, declara inconstitucional, toda aquella ley básica que no deja espacio alguno al desarrollo legislativo por parte de las comunidades autónomas", agrega la nota.

La Administración madrileña afirma que la razón de ser de su decreto es "anteponer los derechos de los no fumadores, partiendo de la premisa de que los poderes públicos han de proteger y conciliar los derechos y libertades de todos, sean o no fumadores".

"Y es que", concluye el comunicado, "para el Ejecutivo regional no hay ciudadanos de primera y de segunda -al contrario de lo que parece defender el Gobierno de la Nación- y su labor reside, precisamente, en proteger los derechos de todos los madrileños, con todos los medios necesarios y en contra de cualquier agravio e intento de persecución. Por ello, la Comunidad de Madrid ha sido la primera y la única administración española que ha decidido, con este decreto cuya suspensión solicita ahora el Ministerio, apoyar con planes concretos y cofinanciación los tratamientos de deshabituación tabáquica".