En esta norma, que refunde la Ley del Suelo estatal con los preceptos que aún quedaban vigentes de la antigua Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, el Ejecutivo central, según la Comunidad de Madrid, invade sus competencias urbanísticas "porque, entre otras cosas, modifica el régimen de valoración del suelo".

Esto, según el Gobierno de Esperanza Aguirre, "no sólo lesiona el derecho a la seguridad jurídica y económica de los propietarios del mismo, sino que conculca el derecho constitucional a la propiedad y a una indemnización justa en caso de expropiación".

Según una nota de prensa emitida tras el Consejo de Gobierno, esta ley "ha distorsionado gravemente el mercado del suelo y, lo que es más negativo, ha contribuido a ahondar la crisis del sector inmobiliario".

Además, la norma "rebaja la reserva obligatoria del suelo para vivienda protegida a un 30%, frente a la obligación del 50% de pisos de protección que fija la ley regional para los nuevos desarrollos urbanísticos", afirman.

Ello supone "una intromisión en las competencias autonómicas de vivienda ya que, la Ley impone un modelo de ciudad a los ayuntamientos y comunidades autónomas" cuando la Administración central "únicamente puede establecer los mecanismos de financiación para la vivienda protegida, pero nunca desarrollar una política de vivienda".

Asimismo, indica el Gobierno de Aguirre, el nuevo texto de la Ley del Suelo "perjudica a los propietarios, al dar preferencia a terceros -no propietarios- para la realización de obras de urbanización de los futuros barrios".

UNA NORMA "INEFICAZ Y SECTARIA"

De este modo, afirman desde la Comunidad de Madrid, la nueva normativa estatal "atenta contra el derecho a la propiedad privada y es intervencionista", porque "limita la libertad legislativa de las Comunidades Autónomas y las competencias municipales relativas al desarrollo de los planeamientos urbanísticos".

La nueva Ley "impide que las Comunidades Autónomas pongan en marcha medidas liberalizadoras del sector, impone idearios sectarios cercanos al socialismo radical, perjudica a los pequeños propietarios y aumenta los trámites burocráticos".

Además, la Ley "convierte las expropiaciones en expolios y en confiscaciones del patrimonio de los particulares, las expropiaciones se realizarán sin compensaciones justas proponiendo precios enormemente inferiores a los del mercado, lo que provocará perjuicios a los propietarios y un gran número de reclamaciones judiciales".

Por todo ello, según el Gobierno regional, "el recurso se hace necesario, no sólo para salvaguardar las competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, sino porque es ineficaz, ya que no contribuye a la bajada del precio de la vivienda y no evita la especulación urbanística".