Cuerpo dio a conocer la medida en la rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvo con las patronales bancarias, las asociaciones de usuarios y mayores, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y el Defensor del Pueblo.

El ministro explicó que también participarán los operadores de telecomunicaciones, las entidades financieras y el Banco de España como parte de esta brigada con el fin de tener “un mecanismo de alerta temprana” a los ciudadanos para evitar fraudes. La brigada también tendrá como cometido difundir entre los grupos más vulnerables la existencia del número telefónico 017 para denunciar fraudes digitales que activó el Gobierno y que ha permitido bloquear hasta 50 millones de llamadas fraudulentas entre febrero y agosto.

Cuerpo incidió, recogiendo la demanda de los usuarios y del mayor Carlos San Juan, en la necesidad de dar “un impulso final” a la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, proyecto de ley que se encuentra atascado en la ponencia del Congreso de los Diputados y que “podrá apoyar los reembolsos de las cantidades defraudadas a través de sus resoluciones vinculantes” y que sería “un complemento a las actuaciones que realicen las entidades financieras”.

Igualmente, el ministro anunció que se prorroga por un año más el código de buenas prácticas para hipotecados vulnerables o en riesgo de serlo que vencía a finales de este año y seguirá siendo de adhesión voluntaria para las entidades financieras.

El ministro recordó que se puso en marcha en 2022 y la situación hoy es muy diferente, con los tipos de interés más bajos, una “buena situación financiera” de las familias y una utilización “escasa” de las medidas. En concreto, desde 2022 hasta 2025, se han beneficiado 7.747 hogares y solo en este año han sido 733.

En materia de accesibilidad de cara a las personas mayores y las personas con discapacidad, anticipó la creación de un mapa nacional de accesibilidad de servicios financieros del que dijo que se darán “buenas noticias” en la próxima reunión, en junio de 2026.

PARTICIPACIÓN DE LAS ‘BIG TECH’ EN LA BRIGADA

Desde las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc, la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, explicó que el ciberfraude “nos incumbe a todos” y planteó que se incorporen a las conversaciones las grandes plataformas tecnológicas o 'big tech', la Asociación Española de Protección de Datos (AEPD) y “llegado el caso el Incibe y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. También propuso la compartición segura de datos, la retirada inmediata de anuncios falsos, reforzar la vigilancia de los números fijos y que se valoren “las limitaciones normativas” que encuentra el sector para actuar.

Por CECA, su director general, Antonio Romero, destacó que la reunión ha sido “extraordinariamente constructiva, productiva” y que las principales entidades financieras invirtieron el año pasado más de 7.000 millones en tecnología.

Por parte de Asufin, la asociación de usuarios financieros, su presidenta, Patricia Suárez, también compartió que se tienen que incorporar las ‘big tech’ para prevenir el ciberfraude y consideró que “no puede ser la única solución” porque aunque el fraude sea digital, “los métodos siguen siendo analógicos”. “Las entidades financieras y las operadoras de telefonía tienen mucha responsabilidad en esto y si ellos no son capaces de detener el fraude no pueden presumir que cada uno de nosotros vamos a ser capaces de detenerlo”, agregó.

Patricia Suárez llamó a que se apruebe la Autoridad de Defensa del Cliente porque “podría ayudar mucho”. Y en la misma línea la reclamó el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Jesús Norberto Fernández, quien se quejó de que “lleva tres años varada en el Congreso”.