Así lo dijo durante su intervención en el debate de las enmiendas de totalidad a la reforma constitucional para blindar el aborto. En defensa del proyecto, Redondo pidió a los partidos de derechas que retiren sus enmiendas a la totalidad y se sumen a un “consenso” social “amplio” ya existente sobre los derechos sexuales y reproductivos.

Ante las enmiendas a la totalidad del PP y Vox, Ana Redondo les volvió a recriminar su postura, “sin texto alternativo”, dentro de un contexto de “enfrentamiento” y “exabrupto” que “deteriora” el espacio público. En particular, Redondo pidió a los populares recuperar su perfil de “partido de Estado”, aprovechar esta reforma para cerrar un debate que les hace estar “incomodos” y volver a situarse en la “defensa de los derechos de las mujeres”.

La titular de Igualdad también sostuvo que el PP no tiene una posición homogénea sobre el aborto y que esa falta de unidad explica, en parte, su rechazo a este debate. Afirmó que el asunto evidencia divisiones tanto en la dirección como entre sus votantes: Les sitúa ante una realidad social ampliamente asentada y ante posiciones que no siempre son homogéneas ni siquiera dentro de su propio partido ni tampoco entre sus votantes”.

Igualmente, la ministra reclamó a ambos partidos que entiendan que la reforma no amplía ni modifica el derecho al aborto, sino que “garantiza” su ejercicio igualitario y que blindar este derecho es una cuestión de seguridad y estabilidad democrática, “no de ideología ni de partidos”.

Así pues, la ministra aseguró que el derecho al aborto ya está reconocido, avalado por el Tribunal Constitucional, pero avisó de que no se ejerce en condiciones de igualdad en toda España. “La dimensión de libertad del derecho no está en riesgo, pero sí lo está el ejercicio real y efectivo”, dijo.

Por eso, incidió en que la reforma constitucional pretende reforzar la dimensión prestacional del derecho al aborto, que es desde el servicio sanitario. Es por esto por lo que la iniciativa reformaría el artículo 43 de la Constitución, mediante el artículo 167 que recoge una reforma ordinaria que necesitaría el apoyo de 3/5 del Congreso y de 3/5 del Senado.

La ministra denunció desigualdades territoriales en el acceso y prestación de la interrupción involuntaria del embarazo, con un uso mayoritario de clínicas privadas y porcentajes muy bajos de realización de abortos en comunidades como Madrid o Andalucía. Sobre esto, Redondo cuestionó que “¿de qué sirve la libertad si no podemos ejercerla en condiciones de seguridad, de igualdad y de plenitud?”.

Así, señaló que la reforma no altera la legislación vigente, sino que convierte en mandato constitucional la obligación de garantizar el acceso efectivo al derecho. En concreto, mencionó el aval del Consejo de Estado a este proyecto: “No se observa obstáculo jurídico alguno para esta reforma y su tramitación puede continuar”. De este modo, subrayó que el objetivo es evitar “mujeres de primera y de segunda” y blindar el derecho frente a “retrocesos”.

Finalmente, Redondo defendió la iniciativa apoyándose en el contexto europeo, citando a Francia y Luxemburgo, donde el aborto se ha constitucionalizado con consensos, y mencionó que la líder francesa “Marie Le Pen manifestó que no iba a oponerse” al blindaje constitucional. Apeló también a la memoria histórica del feminismo y a la responsabilidad democrática y declaró que "los derechos de las mujeres no son patrimonio de un partido, son una conquista colectiva”.