A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ejecutivo señaló que “España llama a todas las partes a respetar y cumplir estas medidas en su integridad".

Por otra parte, el Gobierno subrayó que “apoya plenamente la labor de la Corte Internacional de Justicia”, y reiteró su "llamamiento a un alto el fuego inmediato, la liberación incondicional de los rehenes, el acceso humanitario inmediato y regular y la necesidad de avanzar hacia la materialización de la solución de los dos Estados”.

Este viernes, la Corte Internacional de Justicia respondió a la petición presentada el 29 de diciembre pasado por Sudáfrica de iniciar un procedimiento contra el Estado de Israel por presuntas violaciones en la Franja de Gaza de las obligaciones dimanantes de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

La Corte anunció que se considera competente para juzgar el caso y rechazó la petición de Israel de desestimar la denuncia.

En su decisión, la Corte observa que la operación militar llevada a cabo por Israel tras el ataque del 7 de octubre de 2023 “ha provocado un gran número de muertos y heridos, así como la destrucción masiva de viviendas, el desplazamiento forzoso de la gran mayoría de la población y grandes daños a la infraestructura civil”.

Asimismo, señala que “si bien las cifras relativas a la Franja de Gaza no pueden verificarse de forma independiente, información reciente indica que 25.700 palestinos han muerto, se han reportado más de 63.000 heridos, más de 360.000 viviendas han sido destruidas o parcialmente dañadas y aproximadamente 1,7 millones de personas han sido desplazadas internamente”.

Igualmente, la Corte enfatizó que “todas las partes en el conflicto en la Franja de Gaza están sujetas al derecho internacional humanitario”, y se mostró “gravemente preocupada por la suerte de los rehenes secuestrados durante el ataque en Israel del 7 de octubre de 2023, retenidos desde entonces por Hamás y otros grupos armados” y reclamó su liberación inmediata e incondicional.

MEDIDAS PROVISIONALES

Finalmente, los magistrados aprobaron imponer a Israel varias medidas provisionales de obligado cumplimiento para evitar la acusación de genocidio contra las personas pertenecientes al pueblo palestino, entre las que destacan no asesinarlos, no causarles daños corporales o mentales graves, no imponerles deliberadamente condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción física total o parcial, y no imponerles medidas destinadas a impedir los nacimientos.

“El Estado de Israel garantizará con efecto inmediato que su ejército no comete ninguno de los actos descritos en el punto anterior”, subrayó el tribunal, y agregó que “Israel tomará todas las medidas a su alcance para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio en relación con miembros del pueblo palestino en Gaza”.

Además, la Corte insta a Israel a tomar “medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia para abordar las condiciones adversas de vida que enfrentan los palestinos en la Franja de Gaza”.

En la misma línea, “tomará medidas efectivas para prevenir la destrucción y asegurar la preservación de pruebas relacionadas con acusaciones de actos dentro del alcance del artículo II y el artículo III de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio contra miembros de la población palestina en la Franja de Gaza”.

Finalmente, exige a Tel Aviv que presente “un informe a la Corte sobre todas las medidas adoptadas para dar efecto a esta orden dentro de un mes a partir de hoy”.