Así lo ha adelantado ‘El País’ y lo ha podido confirmar Servimedia este lunes, por lo que el paquete de diversas medidas de vivienda, que pretendía reunir el apoyo de distintas formaciones ha quedado pospuesto.

Junts subrayó tras conocer el texto que si el Gobierno mantenía “las medidas que perpetúan las okupaciones y no protegen ni al inquilino ni al pequeño propietario” y no incorporaban las propuestas que este partido registró en el Congreso hace meses, no tendría su apoyo.

Mientras, fuentes del PNV explicaron que habían trasladado al Gobierno que querían una modificación de la Ley del Suelo que respondiese a las necesidades de los gestores municipales, una regulación del alquiler de temporada que permita evitar el fraude y lo diferencie del turístico, y una delimitación clara de las competencias autonómicas que evitase una recentralización de las políticas de vivienda.

Respecto a la Ley del Suelo, el Grupo Vasco consideraba imprescindible "dar mayor seguridad jurídica y agilidad a los planeamientos urbanísticos" para "construir vivienda con mayor dinamismo", retomando una proposición de ley que ya presentó y fue rechazada.

Por el contrario, la formación de Ione Belarra consideraba excesiva la flexibilización que ya contenía el decreto y exigía como "condición ineludible" para negociar su apoyo a su convalidación que se eliminasen los artículos que reforman la Ley del Suelo.

DECRETO

El borrador del decreto, al que había tenido acceso Servimedia, incluía una prórroga de los alquileres hasta el año 2028, la modificación de la Ley del Suelo, la regulación de los alquileres de temporada, bonificaciones fiscales a caseros, reforma fiscal de las ‘socimis’ o suspensión de desahucios hasta que comunidades y ayuntamientos informasen de alternativas habitacionales disponibles.

EL Gobierno ya aprobó el pasado mes de marzo un real decreto que prorrogaba de manera extraordinaria los alquileres de vivienda habitual una vez finalice la duración por plazos anuales, y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el contrato estuviese entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

Sin embargo, el voto en contra de Junts, tumbó la norma aunque el Ejecutivo mantuvo que todos los inquilinos que solicitaron la prórroga durante los 30 días que estuvo en vigor debían tener derecho a ella.