Así lo afirmó Sánchez en el tradicional balance del curso político que realiza cada año en el Palacio de la Moncloa, en el que anunció la aprobación de un real decreto ley el próximo y último Consejo de Ministros del año, el 23 de diciembre, para aprobar un abono único de transporte con el que se pueda viajar por toda España por una tarifa plana 60 euros, y por 30 euros para los jóvenes menores de 26 años.

El nuevo abono, que entrará en vigor en la segunda quincena de enero, permitirá a los ciudadanos viajar por todo el país y coger todos los trenes de Cercanías, Media Distancia y los servicios de autobús estatales. "Es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora, porque esto es ahorro para el bolsillo de muchas familias de nuestro país", defendió el presidente.

Sánchez realizó un llamamiento a los gobiernos de todas las comunidades autónomas esperando "que se vayan adhiriendo progresivamente todas las redes de transporte público autonómicas y locales". Eso permitiría incorporar al abono único tanto los autobuses urbanos como las líneas de Metro, por ejemplo. La medida, según el Gobierno, beneficiará a dos millones de usuarios del transporte público.

"La medida beneficiará a dos millones de usuarios. Un trabajador que viaje a diario de Vigo a Santiago o de Jerez a Sevilla, podrá ahorrarse hasta casi un 60% del gasto mensual en transporte público", añadió Sánchez.

El jefe del Ejecutivo explicó además que en este real decreto ley que el próximo Consejo de Ministros aprobará también se incluirá la extensión a las ayudas al transporte que se pusieron en marcha para afrontar la crisis inflacionista que provocó la guerra en Ucrania.

SOBRE VIVIENDA

El jefe del Ejecutivo, acto seguido, defendió las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España en materia de vivienda, pese a admitir que todavía sigue siendo un "problema" y que "queda mucho por hacer" en esta materia.

"Hemos sido consistentes, coherentes en la apuesta por una intervención pública", señaló, añadiendo que, por ejemplo, la Ley de Vivienda ha permitido declarar 304 municipios tensionados, "en las cuatro comunidades que cumple con la Ley de Vivienda, hay otras que no lo hacen. Esas cuatro están utilizando las palancas para hacer frente al mayor problema, el acceso de la vivienda" mientras a otros gobiernos autonómicos este problema "les entra por un oído y les sale por el otro".

Asimismo, recordó la creación de 'Casa47' que es la empresa estatal de vivienda por la que el Gobierno busca revertir este problema señalando que servirá "para recuperar las casas que nunca debimos perder" con "40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos, de ese banco malo que se aprobó en la anterior legislatura, de los bancos que fueron rescatados", en referencia a Sareb, "que van a albergar 55.000 viviendas".

También recordó que se han "retirado del mercado 54.000 viviendas de uso turístico ilegal" para "que las ciudades sean más habitables". "Hay que llamar las cosas por su nombre y no permitir el uso ilegal", zanjó.