Así lo anunció el departamento que dirige Félix Bolaños en un comunicado tras la reunión ayer lunes del ministro con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González. En concreto, esta modificación busca actualizar las bases de compensación económica e incorporar mejoras en la protección de colectivos especialmente vulnerables, un acuerdo que es "fruto del trabajo conjunto realizado con el Consejo General de la Abogacía Española", destacaron.

De momento, no hay una fecha para la aprobación del real decreto, algo que se quiere hacer "lo antes posible", de ahí el procedimiento de urgencia, tal y como confirmaron fuentes de Justicia.

El nuevo Reglamento contemplará incentivos económicos en la retribución de los abogados del turno de oficio que promuevan una solución consensuada entre las partes. Así, detallan desde Justicia, "cuando los procedimientos terminen con acuerdo, los letrados del turno de oficio cobrarán el 125% de la cuantía establecida en el Reglamento para ese supuesto", de modo que, añaden, "el acuerdo en la mediación previa estará mejor retribuido que el pleito", los clientes "evitarán un proceso largo e incierto" y "los propios tribunales verán reducida su carga de trabajo". Esta previsión será de aplicación cuando se utilicen los MASC o se alcancen acuerdos extrajudiciales y aplicará a todas las jurisdicciones, incluyendo las conciliaciones en materia laboral.

Además, a petición de la Abogacía, se establece un incremento en los baremos correspondientes al procedimiento penal de especial complejidad y al procedimiento penal general en todo el territorio común.

Además, en aplicación de la Ley de Eficiencia, también se reconocerá en el Reglamento el derecho a la asistencia jurídica gratuita e inmediata, con independencia de la existencia de recursos económicos, a las víctimas de terrorismo y de trata de seres humanos, a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección y a las mujeres y personas menores de edad víctimas de violencia sexual. Con esta modificación "se las asimila a las víctimas de violencia de género y se les otorga el mismo nivel de protección", ponen de relieve.

Junto a esto, durante la reunión Bolaños reiteró su compromiso de aprobar este año una nueva Ley de asistencia jurídica gratuita para sustituir a la de 1996.

Por su parte, González destacó que si bien se ha producido "un avance necesario", van a "seguir trabajando para que se aprueben las peticiones históricas e imprescindibles que reclama la Abogacía española". Entre ellas, "el incremento de las retribuciones y su actualización periódica, más agilidad en los pagos, más especialización y extensión de servicios, el cierre de brechas territoriales o la garantía de abono por todas las actuaciones prestadas", entre otras.