La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció este martes tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros la aprobación del anteproyecto que modifica la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, con el objetivo de "reforzar la protección de la salud" y adaptar la normativa a los cambios en los patrones de consumo y en el mercado de "productos del tabaco" y productos relacionados como los "vapeadores". "España ha sido vanguardia en la lucha contra el tabaco en 2005, en 2010, cuando sacó el humo de bares y restaurantes, y queremos serlo ahora otra vez", explicó García.

La titular de Sanidad argumentó que la ley responde a una realidad y es que en España 140 personas cada día fallecen a consecuencia del tabaquismo, "50.000 personas al año", remarcó. En este sentido, la ministra insistió en que "el 40% de los cánceres están relacionados con el factor de riesgo del tabaquismo".

García también apeló a las peticiones trasladadas por los cardiólogos, con quienes coincidió la semana pasada en el congreso europeo celebrado en Madrid, donde le trasladaron que la lucha contra el tabaco es la medida que de forma unánime reclaman para proteger a la población de enfermedades relacionadas con el corazón.

“TÓXICOS CON SABOR A FRESA”

Entre las medidas que incluye este anteproyecto, que ha sido aprobado en primera vuelta hoy, destaca la equiparación de algunos productos con presencia en el mercado, y especial penetración entre la población jóvenes, a los cigarrillos convencionales.

El texto se refiere a los cigarrillos electrónicos, con o sin nicotina, incluidos todos sus componentes (cartucho, depósito, dispositivo); bolsitas de nicotina para uso oral, compuestas total o parcialmente por nicotina natural o sintética, en forma de sobres, polvo o comprimidos; productos a base de hierbas, utilizados para fumar, vaporizar o inhalar, como 'shishas' o mezclas vegetales sin tabaco; y dispositivos para el consumo de productos calentados, incluidos los que funcionan con tabaco u otros preparados.

A partir de ahora, estos productos serán sometidos a las mismas restricciones que le tabaco tradicional: la prohibición de fumar o utilizar estos productos en espacios públicos cerrados y en una lista ampliada de entornos exteriores, tales como terrazas de bares, recintos donde se desarrollen espectáculos públicos, instalaciones deportivas, parques infantiles, estaciones de transporte o centros educativos, entre otros.

La ministra se refirió a estos productos como "tóxicos con sabor a fresa" y explicó que uno de los objetivos de la modificación legislativa es precisamente poner coto a estos dispositivos que son vistos por muchos jóvenes como productos sin riesgo. "Queremos que la próxima generación crezca y viva libre de tabaco”, afirmó.

PROHIBICIÓN DE CONSUMO

En ese sentido, la norma incluye también la prohibición de venta de estos productos a menores de edad y, por primera vez, estará prohibido de forma expresa su consumo por parte de los menores.

Además, el anteproyecto incluye una prohibición de "toda forma de publicidad, promoción y patrocinio, directa o indirecta, en cualquier medio de comunicación, incluido el ámbito digital", según informó el Ministerio. Esto implicará la aplicación de sanciones específicas económicas para quien infrinja esta norma.

El texto también recoge la prohibición de la venta y el suministro de cigarrillos electrónicos de un solo uso, "tanto por su impacto ambiental como por su accesibilidad para la población joven".

El Ejecutivo, tal y como ya había trasladado en numerosas ocasiones, pretende ampliar los espacios donde está prohibido fumar e incorpora nuevos entornos de uso colectivo, tanto interiores como al aire libre, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea, entre ellos: los exteriores de centros sanitarios, educativos, universitarios y sociales; los parques infantiles y zonas culturales o deportivas; las terrazas de bares, estaciones de transporte, espectáculos y conciertos al aire libre y los vehículos de transporte con conductor.

SANCIONES

El texto aprobado modifica también el régimen sancionador, actualizando infracciones, cuantías y responsabilidades para adecuarlo a las nuevas medidas. Además, se establece un periodo transitorio de 12 meses para permitir a los fabricantes adaptar sus productos al nuevo marco legal, y para permitir el agotamiento de existencias de cigarrillos electrónicos de un solo uso. En concreto, según explicó la ministra en rueda de prensa, el texto incluye "sanciones severas" que pueden llegar hasta los 600.000 euros.

Por otra parte, "se restablece el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, órgano de coordinación interadministrativa para el seguimiento de políticas públicas en esta materia. Su creación responde a la necesidad de reforzar la cogobernanza de las administraciones y la evaluación en la lucha contra el tabaquismo, después de su supresión en 2014".

Así, García detalló que este Observatorio coordinará el trabajo entre comunidades autónomas, sociedad civil y el Gobierno, marcará metas claras y objetivos a cumplir y elaborará una memoria cada dos años.

PUBLICIDAD

En cuanto a la publicidad, el Anteproyecto de Ley extiende las restricciones ya existentes y establece la prohibición de "toda forma de publicidad, directa o indirecta, incluyendo cualquier tipo de comunicación comercial o promoción de productos del tabaco y productos relacionados, ya sea a través de medios impresos, audiovisuales, digitales, redes sociales, o mediante distribución de muestras o descuentos".

Asimismo, se prohíbe expresamente la publicidad en equipamientos, instalaciones y mobiliario situados en espacios de uso público o colectivo, lo que abarca elementos presentes en bares, discotecas, terrazas u otros establecimientos de ocio. Esto incluye rótulos, carteles, mobiliario urbano o de hostelería que incorpore logotipos, imágenes o referencias a marcas de productos del tabaco o productos relacionados.

También queda prohibido el patrocinio de actividades, eventos o contenidos por parte de empresas del sector, así como la aparición de marcas vinculadas a estos productos en publicaciones, festivales, actividades culturales o deportivas, tanto presenciales como en entornos digitales.

Aunque este anteproyecto todavía está en una fase previa, la ministra aseguró que "espera que esta ley genere el mismo consenso político que hay en la calle" y afirmo que si bien el Gobierno no ha logrado el consenso con el PP en asuntos sociales, sí le gustaría conseguir el acuerdo con los populares en "asuntos sanitarios".