Administración Pública

El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de Evaluación de Políticas Públicas

MADRID
SERVIMEDIA

El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado, cuyo objetivo es “fortalecer, sistematizar y dar estabilidad y calidad al proceso de análisis de las diversas políticas puestas en marcha por el Estado Central”.

Según resaltó el Ministerio de Hacienda y Función Pública en un comunicado, “la evaluación de las políticas públicas está consolidada como una herramienta de mejora y de aprendizaje de las acciones de gobierno, para favorecer la toma de decisiones, proponer eventuales correcciones y, en última instancia, para rendir cuentas a la ciudadanía”.

Así, el departamento liderado por María Jesús Montero subrayó que la aprobación de esta norma constituye uno de los hitos del Componente 11 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, relativo al refuerzo del sistema de evaluación de las políticas públicas.

Esta ley, que el Ejecutivo pretende tramitar por la vía de urgencia, tiene como objetivo “implantar y fortalecer una organización básica para poder llevar a cabo ese análisis en el ámbito de la Administración General del Estado, dotándolo de estabilidad, calidad en su desempeño y universalidad en su ejercicio”.

NOVEDADES

Los principales elementos que contempla la nueva norma son el establecimiento de un mecanismo de planificación estable de evaluación para toda la Administración General del Estado, para lo cual se diseñará un sistema de indicadores comunes. Además, pretende reforzar la evaluación ‘ex ante’, previo a la aprobación de las políticas públicas, y emplear los resultados de las evaluaciones para mejorar esas políticas.

Asimismo, también pretende fomentar “una cultura evaluadora en el conjunto de la Administración, propiciando un cambio en los paradigmas al integrar la evaluación de políticas públicas como herramienta de mejora, rendición de cuentas y transparencia”.

En este sentido, Hacienda apuntó que “no se parte de cero, ya que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) cuenta con una dilatada experiencia en la evaluación ‘ex post’ de revisión del gasto público”.

De esta forma, la intención del Ejecutivo es “ampliar este enfoque y dar un carácter transversal a la evaluación de políticas públicas”, por lo que la ley contempla la creación de un organismo, la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, para coordinar y supervisar el sistema público de evaluación.

Esta agencia se encargará de diseñar dos herramientas para avanzar en los procesos digitales de planificación, seguimiento y evaluación de cualquier acción pública. Esas dos herramientas serán, por un lado, un servicio web común para todos los departamentos, diseñado específicamente teniendo en cuenta las peculiaridades de la planificación pública, que permita realizar el seguimiento de los indicadores de los proyectos, así como en su caso, de los principales hitos y avances.

En segundo lugar, el diseño de un portal temático sobre evaluación, en el que se incluirá el portal de comunicación institucional, y que se constituirá como nodo digital de la red de expertos, y de renovación y refuerzo de los procedimientos y sistemas tradicionales de coordinación e intercambio de datos, así como de transparencia.

Algunos de los ámbitos en los que el Ejecutivo quiere aplicar esta evaluación de políticas públicas son la igualdad de género, el medio ambiente y la transición energética, la despoblación y el reto demográfico, el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la adecuación a la normativa y las directrices europeas o la adecuada alineación de las distintas intervenciones públicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

La norma, que ahora inicia el trámite de consultas, aprobará los conceptos y características generales en evaluabilidad y evaluación de políticas públicas, ya sea ‘ex ante’, intermedia o ‘ex post’.

Además, el anteproyecto contempla la creación de un sistema de indicadores comunes para acometer dichos procesos de seguimiento de las políticas, aplicable a la Administración General del Estado y que sirva de referencia para cualquier organismo o administración pública.

También establece cómo se llevará a cabo la evaluación de las políticas públicas a nivel estatal mediante dos instrumentos. Por un lado, el ‘Plan de evaluaciones estratégicas del Gobierno’, de carácter cuatrienal y que será aprobado por parte del Consejo de Ministros tras su elaboración por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. Mediante este plan cuatrienal se evaluarán las políticas públicas que se consideran relevantes y estratégicas desde el punto de vista social y económico.

Por otro lado, el ‘Plan de Evaluación departamental’, elaborado por cada Ministerio, que tendrá una periodicidad bienal y contempla tanto la obligación de evaluación ‘ex ante’ y ‘ex post’ de las políticas de relevancia para cada departamento; y la obligación de efectuar una evaluación intermedia en las políticas que duren cuatro años o más. Este Plan departamental será aprobado por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, tras su presentación a la Comisión Superior de Evaluación.

(SERVIMEDIA)
19 Abr 2022
IPS/gja