Así lo explicó la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que también destacó que este anteproyecto de Ley pretende articular medidas de prevención, atención y reparación de las víctimas y avanzar en el reconocimiento de la protección de las personas mayores de edad con discapacidad que se encuentran en relación de dependencia respecto a la víctima.

Esta nueva ley, que deberá iniciar próximamente su tramitación parlamentaria, incluye modificaciones de otras normas. Para la definición jurídica, se modificó el artículo 1.4 de la Ley de medidas contra la violencia de género, ampliando el elenco de víctimas que se recogía en esta última.

Se establece que la violencia vicaria es la que, con el fin de causar sufrimiento a las mujeres, “puede ejercerse sobre los hijos o descendientes, personas menores de edad sujetas a su tutela, sus ascendientes o hermanos, así como su pareja o anteriores parejas, aunque no exista convivencia”.

Por otro lado, para tipificar la violencia vicaria en el Código Penal, se incorpora un nuevo artículo 173 bis, como un delito contra la integridad moral y que contempla una pena de prisión de seis meses a tres años. Esta modificación convierte la violencia vicaria en un delito autónomo con “agravante” de género y sanciones acumuladas.

Además, se incorpora al Código Penal una nueva pena “accesoria”, a su artículo 70, que consiste en la prohibición de publicar o difundir mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa con el delito cometido, para que no sucedan casos como el del libro ‘El odio’ sobre José Bretón. La aplicación de esta pena tendrá que ser “valorada” por el juez que aborde el caso.

También, este anteproyecto de Ley contempla modificaciones en el Código Civil. Concretamente, del artículo 92.6 sobre el régimen de guardia y custodia, a través del cual se establece la obligación de escuchar en todo caso a los hijos menores de edad, así como a los mayores con discapacidad, antes de acordar el régimen de guardia y custodia. Esta medida pretende evitar casos como el del hijo menor de Juana Rivas.

Igualmente, se modifica el artículo 94 del Código Civil con el fin de reforzar la fundamentación a la hora de establecer en la resolución motivada un régimen de visitas, comunicación o estancia cuando el progenitor está incurso en un proceso penal de violencia doméstica o de género.

También, hay cambios en la Ley de Protección Jurídica del menor y la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir expresamente la exposición de la persona menor de edad a la violencia vicaria entre los indicadores para considerar una situación de riesgo para la persona menor de edad.

Además, se agilizarán los procesos de patria potestad, modificando el artículo 748 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el objetivo de que la patria potestad se tramite por juicio verbal, facilitando su resolución, y que pueda acumularse a las acciones de divorcio y medidas provisionales.

Del mismo modo, se modifica la Ley del Poder Judicial, añadiendo una “oferta obligatoria” de formación de los operadores jurídicos, incluyendo la violencia vicaria en las pruebas de ingreso y promoción y en la formación especializada y continua. Esta medida responde a un “déficit” del ordenamiento jurídico en torno a esta materia.

La ministra de Igualdad también recordó que el anteproyecto contempla medidas en materia de sensibilización, información y seguimiento, y recalcó que esta es una norma “pionera” en España y Europa, que dará “respuestas” a las víctimas y sus familiares.