Este real decreto establece, por un lado, el régimen jurídico aplicable al Consejo de la Memoria Democrática, y precisa que es el órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas, adscrito al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Asimismo, determina las funciones del Consejo y su composición, que asigna la Presidencia al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Indica, además, que debe respetar la representación equilibrada de mujeres y hombres, y que la pertenencia al Consejo no generará derecho a retribución.

Por otro lado, contempla la constitución de la Comisión a la que se refiere el artículo 57.5 de la Ley de Memoria Democrática, cuya finalidad será contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra y la dictadura.

Esta Comisión de la Verdad estará integrada por un máximo de diez personas independientes de reconocido prestigio en el mundo académico o profesional y en el ámbito de los derechos humanos, que serán designadas por el Consejo de la Memoria.

Se prevé que esta Comisión deberá dar cumplimiento a su cometido en un plazo de 18 meses desde su constitución, con la entrega de sus conclusiones y recomendaciones.

Por último, se encarga de la regulación del Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática. De este modo, el real decreto precisa qué entidades memorialistas podrán solicitar su inscripción, y establece que podrán inscribirse también las vinculadas al exilio y la resistencia fuera de España que desarrollen su actividad en otros países.

Este real decreto no supondrá incremento de gasto debido a que el funcionamiento del Consejo y del Registro será atendido con los medios personales, materiales y técnicos ya asignados a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.