Así lo anunció la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que también explicó que el nuevo contrato del servicio, con una duración inicial de 36 meses, cuenta con un presupuesto base de licitación de 71.369.269,41 euros, que podría elevarse hasta los 111 millones de euros (valor estimado del contrato), si se dieran las dos prórrogas anuales que serán posibles y con ellas, la duración máxima será de 60 meses.

Este nuevo contrato sale a licitación debido a que el actual contrato de gestión del Sistema Cometa, gestor de las pulseras antimaltrato, finalizará el próximo 6 de mayo. Además de lo mencionado, los nuevos pliegos contractuales incluyen diversas mejoras en los dispositivos, en el suministro, mantenimiento y en su almacenamiento.

En primer lugar, se hicieron ajustes en las características exigidas para asegurar que los dispositivos sean en su mayoría tobilleras, en vez de pulseras, por su mayor dificultad para ser manipuladas.

También, se incrementará el número de dispositivos a adquirir a lo largo del contrato hasta un total de 17.660; se fija en 2.000 el stock mínimo de dispositivos disponibles para su instalación en cualquier punto de España en menos de 24 horas, acompañado de un sistema de información y control de stock a disposición de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG).

El nuevo servicio deberá garantizar el mantenimiento o sustitución de dispositivos en menos de 24 horas y se exigirá la reparación de cualquiera que se haya manipulado, roto o averiado en un máximo de tres meses. El nuevo contrato introducirá la posibilidad de la compra por separado de los elementos de los que consta un kit de dispositivos (teléfonos móviles, tobillera, cargadores, etc.), para adecuar el volumen de compra a las pérdidas, manipulaciones y roturas de cada uno cuando se produzcan.

Asimismo, está prevista la implantación de mecanismos de protección contra la manipulación con material antivandálico, se mejoró la resistencia al agua y sensores de movimiento o de temperatura corporal. Además, la tobillera y el teléfono móvil de los maltratadores y víctimas dispondrán una tarjeta electrónica eSIM para que no pueda ser extraída, y contarán con pantallas de cristal reforzado.

Igualmente, se añadirá al mecanismo existente un sistema que genere una alerta adicional a las ya activas de proximidad, basada en detección directa entre el dispositivo antimaltrato del investigado o condenado y la víctima vía bluetooth que se cursará como alerta de proximidad.

NUEVAS TOBILLERAS ANTIMALTRATO

Las tobilleras de los nuevos dispositivos contarán con geoposicionamientos de manera autónoma, con lo cual, se tendrá al maltratador localizado, incluso, si deja intencionadamente el teléfono móvil en su domicilio.

A esto se unirán baterías recargables de mayor capacidad, la posibilidad de modificar a distancia, a través del teléfono móvil del agresor, los parámetros para reducir los tiempos en los que se manda la geoposición de las tobilleras en caso de ser necesario; o mejoras en la seguridad criptográfica para que los dispositivos de la víctima y el maltratador estén permanentemente relacionados y que no se pueda romper esa relación.

Del mismo modo, se incorporarán herramientas de seguridad para evitar la simulación, el falseamiento o manipulación de datos que se envían desde los dispositivos al centro control de la Sala Cometa.

Por otro lado, el nuevo contrato permitirá medidas de mejora en la operación del servicio, como la exigencia de incorporar a la oferta técnica un plan de transición detallado en respuesta a los requerimientos de la DGVG, del envío de un plan de devolución al final del contrato o nuevas funcionalidades en la plataforma para garantizar que el personal de la Sala Cometa tenga toda la información a su alcance.

Igualdad contará además con una aplicación de consulta de datos del servicio en tiempo real a su disposición y se consolidará un sistema de comunicaciones con el propio ministerio para garantizar el acceso a otros sistemas como VioGén, entre otros, asegurando la “interoperabilidad” y la “automatización” del envío de la información y una mayor protección a las víctimas.

Junto a todo lo anterior, los dispositivos contarán con configuración individualizada de idioma y se atenderá a las víctimas, a ser posible, sin la intervención de interpretación automática. El contrato incluye por primera vez un número 900 adicional exclusivo para la comunicación de las víctimas con el sistema Cometa, y dos puestos de especialistas en psicología para llamadas de víctimas que requieran una atención especializada.

OTRAS MEDIDAS

Por otra parte, se elaborará un sistema de seguimiento y control de calidad para garantizar el funcionamiento de todos los subservicios que integran el servicio de dispositivos antimaltrato, así como un plan de contingencia para el caso en el que se produzcan caídas de elementos del sistema.

En cuanto a personal, se creará la figura del responsable coordinador del Servicio de suministros, gestión y mantenimiento de los dispositivos, que controlará el stock de cada uno de los elementos de los kits de dispositivos.

También, se pasará de uno a dos responsables coordinadoras de la Sala Cometa, se creará un puesto de responsable del Servicio de desarrollo y mantenimiento de software y otro de responsable del Servicio de infraestructuras, procesamiento de datos y almacenamiento.

Junto a esto, la Sala Cometa tendrá un coordinador jurídico, dos asesores jurídicos, los puestos ya mencionados para atención psicológica y se aumentarán a tres los puestos de supervisión de los turnos de Cometa. En definitiva, deberá haber un mínimo de 151 personas en la sala del servicio.

Por su lado, la empresa adjudicataria deberá mantener el nivel mínimo de stock de cada uno de los elementos del sistema o kit de dispositivos y remitir los partes de intervención a los órganos judiciales, fiscalías y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en un plazo de 24 horas.

En este sentido, se reducirán los tiempos para la notificación y resolución de incidencias técnicas graves, se elevarán los requisitos de disponibilidad del servicio, se incluirán tareas de mantenimiento programado. Además, se clarificarán los mecanismos necesarios para que el incumplimiento de estos acuerdos de nivel de servicio dé lugar a las “penalidades establecidas en el pliego”.

Igualmente, tres meses antes de la finalización del contrato actual, la empresa saliente tendrá que presentar un plan para la migración de las personas usuarias, la monitorización de estas, la gestión de los dispositivos y el intercambio de información y responsabilidades durante el periodo de transición, para que no ocurran problemas como los de 2024. La DGVG validará el plan y solicitará cambios, si son necesarios.

Por último, el nuevo contrato “refuerza el modelo de gobierno” entre la empresa que lo gestione y la DGVG para garantizar un “adecuado seguimiento, registro de datos y controles de calidad del servicio”, puso en valor Redondo.