Así lo anunció el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde apuntó que las ayudas serán para las 210 víctimas de ambos accidentes, 46 muertos y 164 heridos.

“Se trata de garantizar que ninguna víctima o familiar tenga que afrontar además de la tragedia vital una situación angustiosa económica o de desamparo institucional”, explicó el ministro, quien transmitió “el cariño” del Gobierno a las víctimas y sus familiares, así como a los afectados por ambos accidentes.

“No nos vamos a olvidar de las víctimas ni de sus familiares”, aseguró Puente, antes de afirmar que “tenemos la convicción muy clara de que ante una tragedia el Estado no puede limitarse a los tiempos ordinarios porque los procedimientos ordinarios y los tiempos judiciales no siempre responden a la urgencia vital de las víctimas”.

En esta línea, sostuvo que “no pueden esperar años para recibir apoyo económico” puesto que deben afrontar gastos médicos, tratamientos psicológicos o tienen que reorganizar su vida cotidiana. “La incertidumbre económica no puede añadirse”, apostilló.

Para ello, el real decreto contempla abonar de forma inmediata la indemnización contemplada en el seguro de responsabilidad civil “a fondo perdido”, según aseguró Puente. A ello se suma el adelanto del seguro obligatorio por esa misma cuantía y el pago posterior también por la misma cuantía cuando se determinen los daños.

De esta manera, según el real decreto, la familia de un fallecido percibirá ahora 144.000 euros, el doble de lo recogido en el baremo de accidentes. En concreto, recibirá una ayuda directa de algo más de 72.000 euros y la misma cifra en concepto de anticipo del seguro obligatorio, a lo que se sumará un pago posterior. En el caso de los heridos, la indemnización oscila entre 2.400 y 84.000 euros, que también serán triplicados. Las ayudas estarán exentas de tributación.

Por otro lado, el decreto establece la creación de un mecanismo estructural para que en futuros accidentes en el transporte colectivo el Gobierno pueda asumir con carácter anticipado las indemnizaciones por daños personales.