Así lo explicó la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que dijo que se espera iniciar los tramites de regulaciones en abril.

Otro de los requisitos para los solicitantes será no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de derecho. Los solicitantes deberán acreditar la permanencia en España con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos, tales como, por ejemplo, contratos trabajo, alquiler o informes sanitarios. La autorización por la que se les regularizará será de residencia con permiso de trabajo, válida en toda España y para cualquier sector.

La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería, favoreciendo una integración “progresiva y estable”. Además, se protegerá la unidad familiar, permitiendo la regularización simultánea de hijos menores de los solicitantes que ya estén en España. En este caso, su vigencia será de cinco años.

El Gobierno pretende llevar a cabo todas las regularizaciones de forma “ágil y eficaz” en un plazo de tres meses, pero con la admisión a trámite de las solicitudes, la cual se resolverá en un máximo de 15 días, las personas solicitantes podrán empezar a trabajar desde el primer día. Saiz dijo que los tramites comenzarán en abril. una vez se cumplan los trámites preceptivos de la tramitación del real decreto, y estará abierto hasta el próximo 30 de junio.

Este real decreto de regularización de inmigrantes se aprobó como modificación del Reglamento de Extranjería (Reloex) aprobado en 2025 y por la “vía de urgencia”, explicó Saiz. Además, es fruto de un acuerdo con Podemos y retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización de migrantes estancada desde hace meses en el Parlamento y que está respaldada por más de 700.000 firmas.

El real decreto estará en audiencia pública hasta el próximo 9 febrero. Los solicitantes podrán realizar los tramites tanto en subdelegaciones y delegaciones del Gobierno en sus territorios como en oficinas de la Seguridad Social y por vías telemáticas, según explicó Elma Saiz. Asimismo, la portavoz ensalzó que esta medida permitirá “dignificar y dar garantías” a los inmigrantes y sus derechos, y sostuvo que tendrá un impacto a tres bandas.

Por un lado, un impacto de “legitimidad política” porque retoma esa ILP estancada y, por otro lado, impactos tanto social como económico porque da respuesta a instituciones y organizaciones sociales que llevan tiempo reclamando esta medida.