De esta forma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez adapta la legislación española a la de la mayoría de países europeos, donde la instrucción de las causas judiciales la dirigen los fiscales y los jueces instructores únicamente velan por que se cumplan derechos fundamentales.

Sin embargo, en el caso de España, el fiscal general del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, de ahí que la mayoría de las quejas respecto a esta reforma se centren en la posible falta de independencia y politización.

En este sentido, la Lecrim creará la figura del “juez de garantías”, que, según explicó la pasada semana el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, “será quien decida, revoque o confirme las decisiones que tome el Ministerio Fiscal en la investigación penal". Y defendió que "los jueces estén para juzgar y ejecutar lo juzgado y la investigación la lleve la Fiscalía".

Otra de las novedades es la regulación de la acusación popular, que con esta reforma de la ley en vigor, de 1882, deja fuera a los partidos políticos, sindicatos o asociaciones que dependan de ellos.

Por último, se incluye una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que el mandato del fiscal general del Estado se prolongue durante cinco años, separándolo al mismo tiempo del Gobierno de turno. Y es que en la actualidad, cada vez que un Gobierno inicia su mandato nombra a un fiscal general. Con esta reforma, al estar cinco años, los hará con ejecutivos diferentes, sean de distinto partido o del mismo.

El siguiente paso será la remisión de este proyecto de Ley Orgánica al Congreso de los Diputados para que comience su tramitación parlamentaria, un proceso que el Gobierno no tiene garantizado, sobre todo después del anuncio de Junts de romper su apoyo al PSOE.

Tal y como confirmaron fuentes del Ejecutivo, la intención es que, si supera el trámite parlamentario, la nueva norma entre en vigor en enero de 2028, descartándose de esta forma que pudiese afectar a los procedimientos iniciados con anterioridad y en los que, por ejemplo, hay partidos o asociaciones ligadas a ellos como acusaciones populares, por ejemplo los que afectan a García Ortiz o al entorno familiar de Pedro Sánchez.

"INJERENCIAS POLÍTICAS"

Sobre esta reforma se pronunció el portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, quien advirtió del “riesgo de injerencias políticas” en los procedimientos tras la reforma de la Lecrim, dado que el Ministerio Fiscal es un órgano jerárquico y no tiene “garantizada una verdadera autonomía”.

En declaraciones realizadas a Servimedia, Oliva insistió en que esta reforma “no moderniza la justicia, la politiza”. Sólo si se “blinda la imparcialidad” de los fiscales “la reforma será una mejora y no una amenaza para la separación de poderes”.

Para Oliva, “el problema de que los fiscales dirijan la investigación penal” radica en que “España es un país muy polarizado”, en el que ese enfrentamiento tiene repercusiones sobre la justicia, tal y como quedó demostrado por la imposibilidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial durante más de cinco años.