El Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo, que ha de ser remitido ahora a las Cortes Generales, fue adoptado el 16 de mayo de 2005 durante la celebración de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que tuvo lugar en Varsovia (Polonia) los días 16 y 17 de mayo de 2005, y entró en vigor el 1 de junio de 2007.

España ha sido uno de los principales países promotores del Convenio, tanto en su origen como en el proceso de negociación, que se sitúa en el ámbito de la nueva reflexión de la comunidad internacional sobre cómo hacer frente a una nueva forma de terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

El Gobierno explica que este convenio incide especialmente en "una dimensión de la lucha contra el terrorismo que no contaba con una regulación internacional específica: la prevención", que se aborda "consagrando el respeto al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos como límite infranqueable de cualquier tipo de medida o actuación".

El objetivo principal del texto es cubrir las lagunas identificadas en la normativa internacional en materia de terrorismo desde la perspectiva de la prevención, para lo que establece nuevos tipos delictivos: provocación pública para cometer actos de terrorismo, reclutamiento de terroristas y entrenamiento de terroristas.

El Convenio es el primer texto jurídico que, por primera vez a escala internacional, tipifica el delito de apología del terrorismo, que hasta ahora sólo existía en unos pocos países, incluyendo España, explica el Ejecutivo.

PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS

El texto incorpora una disposición para la protección de las víctimas del terrorismo y de sus familias, con lo que se convierte en el primer instrumento internacional que establece una obligación en derecho internacional de proteger a las víctimas del terrorismo.

De acuerdo con la propuesta, y para el caso de que este convenio sea extendido por el Reino Unido a Gibraltar, España declara que "Gibraltar es un territorio no autónomo de cuyas relaciones exteriores es responsable el Reino Unido y que está sometido a un proceso de descolonización de acuerdo con las decisiones y resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas".

Añade que "las autoridades de Gibraltar tienen un carácter local y ejercen competencias exclusivamente internas que tienen su origen y fundamento en la distribución y atribución de competencias efectuadas por el Reino Unido, de conformidad con lo previsto en su legislación interna, en su condición de Estado soberano del que depende el citado territorio no autónomo".

"En consecuencia, la eventual participación de las autoridades gibraltareñas en la aplicación del presente Convenio se entenderá realizada exclusivamente en el marco de las competencias internas de Gibraltar y no podrá considerarse que produce cambio alguno respecto de lo previsto en los dos párrafos precedentes", concluye.