Fuentes de Justicia informaron a Servimedia de que se trata de la mayor reforma de la Ley 50/1981 que regula el Ministerio Público desde hace casi 45 años, atendiendo a las principales recomendaciones de la Comisión Europea y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa.

Para reforzar la autonomía del fiscal general del Estado, su mandato será de cinco años y dejará de estar vinculado a la duración del Gobierno. Además, solo podrá ser cesado por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, requiriendo un informe previo del Consejo General del Poder Judicial.

La reforma establece que el fiscal general del Estado no podrá ser llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros, y su mandato quedará fijado en cinco años, al desvincularse así del periodo de Gobierno, lo que supone un cambio histórico en la institución.

MAYOR AUTONOMÍA INSTITUCIONAL

El nombramiento, ascenso y sanciones de los principales fiscales pasarán a ser competencia del fiscal general del Estado y no del Gobierno. La Junta de Fiscales de Sala verá reforzado su papel, pudiendo imponer su criterio sobre el del fiscal general si cuenta con el apoyo de tres quintos de sus miembros.

La nueva normativa incrementa la transparencia del Ministerio Fiscal y establece límites a las asociaciones de fiscales, que no podrán recibir financiación privada ni de Gobiernos u organismos extranjeros.

Se creará un registro público de fiscales dedicados a la preparación de opositores, actividad que requerirá autorización expresa de la Fiscalía General del Estado.

ADAPTACIÓN A LA NUEVA LECRIM

La reforma contempla cambios funcionales para que el Ministerio Fiscal pueda asumir la instrucción de los procesos penales, como establece la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, equiparando así a España con otros países de la UE.

El Ministerio Público asumirá la dirección de la Policía Judicial en la investigación del delito. Los fiscales jefes serán los responsables de designar a los fiscales encargados de cada investigación.

Se implementará un régimen de abstención y recusación para los fiscales, similar al existente para jueces y magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La reforma busca modernizar una institución clave en el sistema judicial español, adaptándola a los estándares europeos y fortaleciendo su independencia del poder ejecutivo.

Esta modificación legislativa representa la transformación más profunda del Ministerio Fiscal en más de cuatro décadas, alineándose con las recomendaciones de organismos internacionales sobre independencia judicial.