Eso supone que los abogados, arquitectos, dentistas y demás profesionales colegiados, que contituyen un colectivo de cerca de millón y medio de personas, podrán competir sin las restricciones que hasta ahora imponían los colegios.

Además, los profesionales estarán autorizados para ejercer en toda España, sin verse obligados a adscribirse al colegio de cada provincia en la que desempeñen su labor, y tendrán libertad para hacer publicidad de sus servicios.

La ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde, dijo que la nueva ley, que mantiene la colegiación obligatoria, permitirá un abaratamieno de los servicios prestados por los profesionales y una mayor transparencia de sus actividades.

Conde aseguró que el Gobierno ha buscado el consenso con los colegios profesionales. Sin embargo, estos se oponen a la supresión de los honorarios mínimos y consideran que no provocará ni un abaratamiento de los servicios ni la mejora de su calidad.

COMO TODOS

En adelante, los profesionales quedarán sometidos a la legislación de defensa de la competencia, por lo que la aplicación de tarifas mínimas erá considerada como un acuerdo ilegal de precios y castigada con fuertes multas.

Los colegios conservarán la posibilidad de "visar" los trabajos profesionales, siempre que una ley lo autorice, pero dicha supervisión nunca podrá afectar al importe de los honorarios y demás condiciones económicas.

Sin embargo, no podrán condicionar la colegiación a la presentación de fianzas, garantías y otras cargas análogas, salvo que la Administración lo imponga como condición previa al ejercicio de la profesió.

Para el Gobierno, esta reforma era necesaria a fin de eliminar las restricciones a la libertad de empresa y de circulación de personas establecidas en la Ley de Colegios Profesionales, ya que "chocaban" con la Constitución.