Según detalló el Ministerio de Trabajo y Economía Social en una nota de prensa, “resulta necesario reforzar las garantías de indemnidad en el ámbito laboral” cuando se denuncie corrupción o actuaciones que infrinjan las normas, “ya que el sistema de protección quedaría enormemente debilitado si su respuesta se circunscribiese a garantizar la percepción de la indemnización prevista para el despido improcedente”.

El texto recoge la prohibición de discriminación, directa o indirecta, para el empleo o, una vez iniciada la relación laboral, la nulidad del despido durante el periodo de prueba, la nulidad de las órdenes de discriminar y de las decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable o una represalia, la nulidad del despido por causas objetivas y la nulidad del despido por causas disciplinarias cuando se deba a la revelación de información o comunicación sobre infracciones normativas y corrupción.

Serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable o una represalia contra los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación o con ocasión de una revelación o presentación de información o comunicación relativas a infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.