La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, informó en la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de la aprobación de este primer tramo de una línea de 10.000 millones que se aprobó a finales de marzo como parte del plan de medidas en respuesta a las consecuencias económicas de la guerra.

Según explicó el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, este primer tramo de 5.000 millones de euros será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en colaboración con las entidades financieras y está dirigido a autónomos y empresas de todos los sectores económicos con excepción del sector financiero y de seguros.

Los avales se destinarán a garantizar nuevas operaciones de financiación concedidas por las entidades financieras, y podrán solicitarlos hasta el 1 de diciembre de 2022 los autónomos y empresas que no se encuentren en situación de morosidad ni en procedimiento concursal a la fecha de firma de la operación, ni estén sujetos a sanciones por parte de la Unión Europea, ni tengan en el momento de solicitud del aval ningún proceso de ejecución de avales gestionados por el ICO.

El aval garantizará hasta el 80% de los nuevos préstamos de operaciones solicitadas con importe máximo avalado de hasta 400.000 euros con carácter general, o 35.000 euros para empresas del sector primario, acuicultura o pesca, en una o varias operaciones de préstamo. En estos casos, el aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de 10 años.

Para préstamos por un volumen superior el aval podrá garantizar hasta el 80% del importe del crédito para pymes y autónomos y hasta el 70% para el resto de empresas, aunque el importe total del préstamo no podrá ser mayor del 15% del volumen de negocios anual medio total del beneficiario durante los tres últimos ejercicios, o del 50% de los costes de la energía en los doce meses anteriores a la solicitud del préstamo. Para estos préstamos el aval coincidirá también con el plazo de amortización de la operación, que será de hasta ocho años.

Todas las operaciones contarán, a solicitud del deudor, con un periodo de carencia inicial del principal de 12 meses y las entidades financieras deberán mantener abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el 31 de diciembre de 2022.

La portavoz del Gobierno destacó que el objetivo de este primer tramo es “aportar liquidez” a las empresas y autónomos afectados por los efectos de la guerra sobre los precios de la energía, materias primas o la electricidad y repasó que las líneas de avales ligadas a la covid han tenido un “balance muy positivo para el Gobierno” al financiar a casi 750.000 empresas con 140.000 millones de euros -primera línea que se aprobó por la pandemia y la más voluminosa-.

“El buen funcionamiento de esta línea ha provocado que en este momento el Gobierno haya decidido de nuevo estar del lado de las empresas”, afirmó.