Estas medidas suponen la transposición de distintas normativas europeas sobre mercados de valores y se publicarán en audiencia pública.

El paquete normativo se enfocará en eliminar las barreras identificadas por las propias empresas en los mercados de valores. También moderniza el marco regulatorio español en línea con la normativa europea.

El objetivo es que aumente el número de empresas españolas que salen a cotizar para financiar su crecimiento, y que crezca el número de inversores minoristas.

El anteproyecto de ley, junto con el proyecto de real decreto que integra el paquete de transposición, incorpora al ordenamiento interno las directivas europeas del Paquete listing Act, el paquete MiFID/MiFIR, las directivas Aifmd/Ucits, y el paquete EMIR 3.0, según explicó el Ministerio de Economía en un comunicado.

ALTERNATIVA

Uno de los ejes del paquete se enfoca en mejorar el acceso a la financiación y eliminar las barreras que impiden acudir a financiación no bancaria.

Con las nuevas medidas, se reducirán los costes y los requisitos de salir a cotizar. De esta forma, se eleva de 7 a 12 millones de euros el límite para que las emisiones puramente nacionales no tengan la obligación de elaborar un folleto informativo.

Por otro lado, se reduce el ‘free float’ mínimo, que pasará del 25% al 10%. Esta medida facilita que más empresas puedan plantearse la salida a bolsa en condiciones más adaptadas a su estructura accionarial. También se aligerarán y simplificarán las obligaciones de información.

El paquete de medidas amplía las fuentes y oportunidades de inversión, con medidas orientadas a ampliar los canales de financiación de las empresas y el abanico de vehículos a través de los cuales puede canalizarse el ahorro hacia la economía real.

En este sentido, se armoniza el régimen aplicable a la concesión de préstamos a empresas por parte de los fondos de inversión alternativos, con las debidas salvaguardas, para reforzar su papel como fuente de financiación de la economía real complementaria a la financiación bancaria tradicional, manteniéndose en todo caso la prohibición de conceder préstamos a consumidores.

Asimismo, se introducen las acciones de voto plural para que los fundadores de las empresas puedan seguir manteniendo el control sobre ellas a la hora de salir a cotizar.

PROTECCIÓN PARA EL INVERSOR

El paquete incluye medidas para que los inversores minoristas inviertan con más información y menos conflictos de interés. Se aumenta la transparencia en la retribución de intermediarios y se incentiva la cobertura de análisis de las empresas cotizadas de menor tamaño, para que los inversores tomen decisiones mejor informadas.

La norma también supone “un paso decisivo” en la construcción de la Unión de Ahorros e Inversiones. La mayor integración de los mercados financieros españoles con los de la UE abrirá a las empresas nuevas fuentes de financiación —tanto por tipología de inversor como geográficamente— y enviará una señal clara a los inversores internacionales, según Economía.

La reforma refuerza la estabilidad financiera mediante la armonización de los instrumentos de gestión de liquidez aplicables a los fondos de inversión de tipo abierto, la exigencia de que los centros de negociación puedan limitar o interrumpir temporalmente la negociación también en situaciones de emergencia y la reducción del riesgo de concentración en entidades de contrapartida central de importancia sistémica situadas fuera de la Unión Europea.