La norma aprobada incluye la prórroga de la vigencia del Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero, por el que se fija el SMI para 2023, durante el periodo necesario para garantizar la continuidad de los trabajos de la Mesa de Diálogo Social en la búsqueda, un año más, de un incremento pactado del Salario Mínimo Interprofesional.

“De esta manera se garantiza la continuidad del texto que dejaría de producir efectos el próximo 31 de diciembre, y se mantiene transitoriamente su vigencia a partir del próximo 1 de enero. Se da, por tanto, seguridad jurídica y continuidad a la función del SMI de servir de suelo o garantía salarial mínima para las personas trabajadoras”, explicó el departamento dirigido por Yolanda Díaz.

En esta ocasión, el principal escollo para que la negociación pueda culminar con éxito tripartito no estriba tanto en la cantidad de revalorización, como en dos peticiones que la CEOE ha puesto sobre la mesa. En concreto, los empresarios demandan que las subidas del SMI se repercutan en las cuantías de los contratos públicos con las administraciones cuando estos se vean afectados y que se apruebe la subida del ´salario mínimo pero con una bonificación del 20% en las cotizaciones sociales para el sector del campo.

Los sindicatos son más renuentes a respaldar esta segunda petición, dado que consideran que hay muchas empresas del campo que no respetan los convenios colectivos y los derechos laborales, pero sí apoyan la propuesta relativa a la indexación de los contratos públicos. No obstante, precisan que este tema se puede abordar más adelante.

RECHAZO DE HACIENDA

La propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha trasladado esta petición al Ministerio de Hacienda y función Pública, cuya titular, María Jesús Montero, ya ha rechazado la medida por considerar que encarecerá los servicios públicos.

Esto ha motivado el enfado de la CEOE y la ha alejado del acuerdo. De hecho, fuentes empresariales trasladaron a Servimedia que “no será posible” el acuerdo con la patronal si no se atiende esta cuestión, aunque en público, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, todavía no ha cerrado la puerta al pacto explícitamente y se ha limitado a decir que están a la espera de la decisión definitiva del Gobierno.

“Yo no tengo vocación de relator”, ha ironizado Garamendi para referirse a la disparidad de criterios que hay en el seno del Ejecutivo. Al respecto, ha dicho que entiende que haya un Gobierno formado por dos partidos pero que él negocia y se sienta “con un único Gobierno”.

CIFRAS

En cuanto a la cifra de revalorización, la CEOE abrió el debate hace semanas al proponer que el SMI suba un 3% tanto en 2024 como en 2025 y argumentó su propuesta explicando que estas subidas son las que se recogen en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) suscrito en mayo por los agentes sociales, con recomendaciones generales para los convenios colectivos.

Eso sí, dicho pacto contempla una cláusula de revisión salarial de un punto máximo si la inflación supera determinados niveles cada año, por lo que la subida podría ser de hasta el 4% también para el SMI. Todo, supeditado a que se atiendan sus reivindicaciones sobre el sector del campo y los contratos públicos.

Por su parte, los sindicatos han pedido alzas en el entorno del 5%, que es la inflación de los productos básicos, aunque han dejado abierta la posibilidad de rubricar un acuerdo si la CEOE acepta una subida del 4%. Además, han advertido de que si la patronal no apoya finalmente esa cifra, pedirán al Ministerio de Trabajo incrementos superiores.

En paralelo, Trabajo se ha situado en el centro de estas propuestas y ha sugerido un alza del 4% para 2024, lo que de salir adelante, situaría el SMI en los 1.123 euros por 14 pagas.

En los últimos cinco años, el SMI subió un 47% con cinco alzas desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. De todos los incrementos, solo el acordado a comienzos de 2020, cuando Yolanda Díaz se convirtió en ministra de Trabajo al formarse el Gobierno de coalición, se pudo aprobar con acuerdo tripartito, cuando este indicador pasó de 900 a 950 euros por 14 pagas.