Así lo confirmó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, destacando al respecto que el objetivo de dicha directiva europea es contar con mecanismos de protección ante un "panorama de amenazas cada vez más dinámicas y complejas". Unos riesgos entre los que citó desde fenómenos naturales hasta sabotajes, pasando por riesgos meteorológicos y amenazas híbridas.

Tal y como explicó durante su intervención, el objetivo que se busca es apoyar a las entidades públicas o privadas que operan con las infraestructuras críticas para que estén "mejor equipadas para hacer frente a los riesgos que puedan perturbar los servicios esenciales que prestan". Y es que, subrayó, se trata de "servicios indispensables" para mantener las "funciones sociales o las actividades económicas vitales", no solo en el ámbito nacional, sino también dentro de la Unión Europea (UE).

Marlaska destacó que este proyecto de ley, que fue aprobado en primera vuelta en mayo de 2025, ahora se remite a las Cortes para su tramitación parlamentaria y que, una vez entre en vigor, permitirá crear un catálogo nacional de entidades críticas y estratégicas. Estas, explicó, serán identificadas mediante criterios que se fijarán en la Estrategia Nacional de Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas y en la evaluación nacional de amenazas y riesgos, las cuales elaborará la Secretaría de Estado de Seguridad. Dos documentos que se actualizarán, "como mínimo", cada cuatro años

Entre los sectores estratégicos afectados, el Gobierno incluye algunos tradicionales como la energía, la salud o el transporte, pero incorpora también otros nuevos como el hidrógeno, los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, la seguridad privada o las aguas residuales, entre otros. Eso sí, Marlaska puntualizó que no será de aplicación a entidades de los sectores bancario, mercados financieros o infraestructuras digitales, que tienen su normativa específica, algo que también afecta a las dependientes del Ministerios de Defensa, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o los cuerpos policiales autonómicos.

Además de la identificación de esas entidades críticas, se establece una serie de medidas específicas destinadas a garantizar los servicios esenciales que prestan, así como obligaciones para mejorar su capacidad de adaptación. Así, dichas entidades deberán elaborar y actualizar un plan de resiliencia que incluya medidas de protección física, respuesta y mitigación ante incidentes.

Al mismo tiempo, entre otras medidas que incluye esta norma está el sistema de verificación de antecedentes personales, destinado a garantizar la "idoneidad" de las personas que prestan sus servicios en las entidades críticas, además de la obligación de designar un responsable de seguridad y resiliencia de la entidad como punto de contacto con las autoridades competentes.

El ministro también explicó que la Secretaría de Estado de Seguridad "jugará un papel central" y seguirá siendo la "autoridad nacional competente" en la materia. A ella estará adscrito el Centro Nacional para la Protección y la Resiliencia de las entidades críticas. Un organismo, detalló, que asumirá la "interlocución directa" con las entidades críticas y será también el punto de contacto único para la cooperación transfronteriza con los estados de la UE.

Marlaska concluyó resumiendo que este proyecto de ley "define e identifica las entidades críticas" y establece medidas específicas para garantizar la prestación "sin obstrucciones" de los servicios esenciales, además de fijar esas "obligaciones" para la mejora de la resiliencia de las entidades a fin de garantizar la capacidad de prestación y mantenimiento de los servicios esenciales. Y, por último, también remarcó que implanta procedimientos comunes de cooperación e información y medidas para garantizar la supervisión del cumplimiento y ejecución de las obligaciones por parte dichas entidades.