López manifestó así la falta de transparencia sobre los motivos que han conducido a establecer “las numerosas limitaciones de velocidad, tanto en la red convencional como en la de alta velocidad, después de los desgraciados accidentes de Adamuz y Gélida". A su juicio, los ciudadanos “tenemos derecho a conocer el estado real de la infraestructura y si ésta es segura o no”.

El responsable de Transportes de la comunidad afeó la actitud con los usuarios por parte de todas las entidades. "La falta de confianza a la que les ha conducido la mala gestión del Gobierno de España en torno a un medio de transporte que, hasta hace unos años, era la envidia de Europa", dijo.

López expresó su “estupefacción y perplejidad” por el comunicado de Renfe en el que anula las políticas habituales de indemnización. "Renfe no puede rehusar de hacer frente a las indemnizaciones económicas mínimas obligatorias por los retrasos derivados de las acciones u omisiones del administrador de infraestructuras", dijo.

LAS MEDIDAS A TOMAR

Desde el Gobierno de Aragón se denunció que Renfe "incumple" tanto el reglamento europeo de los derechos y obligaciones de los viajeros del ferrocarril, como la propia Ley de Movilidad Sostenible recientemente aprobada por el Gobierno. De no llevarse a cabo las indemnizaciones debidas, el Ejecutivo autonómico urgió a un reajuste de horarios para que los usuarios sepan, antes de comprar un billete, qué es realmente lo que está comprando y si el precio es el adecuado al servicio prestado.

Para López, si no se adopta de manera inmediata alguna de estas dos medidas, indemnizaciones o reajustes de horarios, “el señor Puente, Renfe y Adif estarán literalmente estafando a la ciudadanía".

El titular de Fomento añadió que estas decisiones demuestran que “Óscar Puente no está capacitado para devolver al ferrocarril el prestigio y la buena imagen de que gozaba y es precisa, por tanto, su dimisión, y si no la presenta, que sea el presidente del Gobierno quien proceda a su cese inmediato”.