La creciente proliferación de localiddes aragonesas que han solicitado ayuda a la DGA, ante la sospecha de la existencia de edificios con aluminosis, ha obligado a los responsables del Ejecutivo aragonés a suscribir convenios de colaboración con otras instituciones y colegios profesionales.

Hasta el momento, el Laboratorio Central para la Calidad de la Edificación de la DGA ha confirmado la presencia de aluminosis en varias localidades aragonesas, concretamente en un almacén de Ballovar, en el tejado de las escuelas y en viviendas de Bujraloz, en un cine de Candasnos, en un molino de aceite de Zaidín y en varios locales agrícolas de Vencillón.

Además, las inspecciones realizadas descubrieron otras patologías no relacionadas con la aluminosis, como "un probable ataque de sulfatos en viviendas de los maestros de Bujaraloz y en pilares mal ejecutados y con hormigón mal dosificado en Candasnos", según técnicos de la DGA.

El plan de actuaciones diseñado por la Dirección General de Arquitectura del Gobierno aragonés prevé la realizacin de un censo de las edificaciones construidas entre 1955 y 1970, años en los que proliferó la utilización de cemento aluminoso.

Para realizar el censo, el Gobierno aragonés se dirigirá a los ayuntamientos de la región, con el fin de que remitan un listado de las casas edificadas durante el citado periodo.

Cristina Narbona afirmó ayer en Zaragoza que el Ministerio de Obras Públicas está dispuesto a dar respuesta a los problemas provocados por la aluminosis, que en principio parecen centrarse en ls zonas aragonesas más cercanas a las provincias de Lérida y Tarragona.

El Gobierno regional ha solicitado al Ministerio de Obras Públicas la formalización de un convenio similar al firmado con Cataluña para acceder a las ayudas de la Administración central, que ha constituido un Fondo Estatal de Ayudas dotado con 20.000 millones de pesetas, de los cuales 12.000 ya se han destinado a la autonomía catalana.

Los convenios firmados entre las comunidades autónomas y el MOPT prevén unas aportaciones d hasta el 60 por ciento de la cuantía de las reparaciones, pero con el compromiso de que las administraciones regionales participen con las mismas cantidades.