Según informa el Gobierno, la garantía pública estatal es un sistema a través del que el Estado asume el compromiso de asegurar las obras "de relevante interés cultural" que se presten para exposiciones celebradas en museos de titularidad estatal, "frente a la posible destrucción, pérdida, sustracción o daño" que puedan sufrir entre el acuerdo del préstamo y la devolución de la obra.

Por este motivo, el Ejecutivo aclara que el otorgamiento no tiene, por tanto, un coste inmediato, sino un compromiso del Estado, como asegurador, para hacer frente a un pago si alguno de los bienes culturales resultase dañado.