De este modo, el Ejecutivo vuelve a negar, como ya hizo a finales de febrero el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que España haya realizado algún tipo de gestión para que las autoridades comunitarias saquen a ETA de la lista de organizaciones terroristas. Una polémica esta que surgió a finales de enero tras varias informaciones que apuntaban a una cesión del Gobierno a Bildu en este sentido. De hecho, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, envió una carta a Albares y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiéndole una aclaración.

En concreto, en esta ocasión lo hace a través de una respuesta por escrito al diputado de UPN Alberto Catalán, quien preguntó el pasado 3 de febrero si el Ejecutivo había propuesto al Consejo Europeo "sacar a la banda terrorista ETA de la lista de grupos terroristas de la Unión Europea, donde figuraba desde su primera redacción en el año 2001". Y añadía que, si la respuesta era afirmativa, explicase "por qué motivos, en qué fecha y por qué medio".

Al mismo tiempo, el portavoz adjunto del Grupo Mixto aprovechaba su pregunta para recordar que ETA "es una banda terrorista con 854 asesinados, miles de heridos, amenazados y desplazados en su haber", subrayando que 379 de sus crímenes todavía siguen "sin resolver ni han sido juzgados". Además, criticaba el "trato de favor a los presos etarras en los traslados a cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra, así como una utilización perniciosa de los terceros grados que se conceden".

"COOPERACIÓN POLICIAL Y JUDICIAL"

En su respuesta, fechada el pasado 10 de marzo, el Gobierno asegura que ETA "y otras organizaciones vinculadas siguen listadas por la Unión Europea" como "entidades terroristas a las que se aplican medidas de cooperación policial y judicial en asuntos penales y asistencia en la prevención y la lucha contra actos terroristas", como establece el artículo 4 de la Posición común del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo. En ella se recoge un listado de "personas, grupos y entidades que intervengan en actos terroristas".

Sin embargo, la última vez que ETA o algunos de sus miembros aparecieron en esta lista fue en junio de 2009, cuando se nombraba a ETA y a organizaciones que formaban parte de ella: "Kas, Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras Pro amnistía, Askatasuna, Batasuna (también denominado Herri Batasuna y Euskal Herritarrok), Acción Nacionalista Vasca / Euskal Abertzale Ekintza (ANV/EAE), Partido Comunista de las Tierras Vascas / Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista (PCTV/EHAK)". Y se incluía a miembros de la banda como José Antonio Urrutikoetxea ('Josu Ternera'), María Soledad Iparraguirre ('Anboto') o Aitzol Iriondo, entre otros.

Entonces, como en anteriores ocasiones desde 2001, se especificaba que a ellos (y a otros nombres marcados con un asterisco) solo les era de aplicación "lo dispuesto en el artículo 4". Porque en el artículo 2 se establece la posibilidad por parte de la Comunidad Europea de "congelar los fondos y otros activos financieros o recursos económicos de las personas, grupos y entidades enumerados", mientras que en el 3 señala que se asegurará de que "no se pongan, ni directa ni indirectamente, a disposición" de estas personas, grupos y entidades "ningún fondo, activo financiero, recurso económico ni servicio financiero ni servicio conexo".

Ese asterisco sobre la aplicación solo del artículo 4 que se incluía con anterioridad despareció, al igual que la mención a ETA y a sus miembros, en la actualización de diciembre de 2009 (El listado se actualiza dos veces al año).

De ahí que, como sugiere la respuesta del Gobierno, sí que continúa aplicándose a ETA y sus miembros esa "cooperación policial y judicial". Asimismo, el Ejecutivo añade que dicha lista, establecida en 2001, "permanece vigente desde su creación" y que desde el Ministerio del Interior "no se ha realizado ningún movimiento para modificar dicho listado".

Asimismo, en la respuesta a Catalán se "destaca" que esa cooperación policial y judicial en la lucha contra el terrorismo en el ámbito de la Unión Europea "está garantizada", así como "el compromiso inequívoco con la memoria, la dignidad y la justicia, más allá de la existencia de una lista de entidades terroristas reconocidas".

"La lucha contra el terrorismo concentra esfuerzos en las amenazas presentes, sin detrimento de la cooperación policial y judicial sobre responsabilidad individual y hechos pasados, incluida la investigación de casos sin resolver, que continúa plenamente garantizada y operativa", defiende el Gobierno.