El decreto, de 1995, disponía que estas enseñanzas estarían implantadas con carácter general a partir de este curso 1999-2000, siendo efectivo desde entonces a exigencia del título para impartir clases de ESO, Bachillerato y Formación Profesional Específica.

Al no haber podido todas las Administraciones educativas ofrecer estas enseñanzas en el plazo previsto, el Gobierno ha creído preciso posponer la generalización de éstas hasta el curso 2002-2003.

El Ministerio de Educación explicó en un comunicado que si no se hubiera realizado la modificación, numerosos opositores se habrían visto afectados, al no poder presentarse a los próximos procedimientos slectivos. La reforma cuenta con el visto bueno de las comunidades autónomas.