Los afectados por esta subida son en torno a 1.450.000 personas, de las que 250.000 son trabajadores en activo y el resto pensionistas o parados cuyas prestaciones se calculan en función del SMI.

Otros colectivos sciales en los que repercutirá la subida del SMI prevista por el Gobierno son los becarios y beneficiarios de otras ayudas al estudios, y los potenciales perceptores de ayudas para la adquisición de viviendas protegidas.

Jesús Arango explicó que la subida del 5,7 por ciento, que previsiblemente será aprobada en el Consejo de Ministros del próximo viernes, es la "única posible" en las circunstancias económicas actuales, para contribuir a la creación de empleo.

Según Arango, la subida (inferior al 6por cien de aumento salarial medio previsto en los Presupuestos del Estado para 1992) responde a la previsión oficial de inflación, un 5 por cien, más la desviación de 0,7 puntos en el IPC del año pasado.

No tiene en cuenta, sin embargo, dos de los criterios establecidos en el Estatuto de los Trabajadores para determinar los aumentos del SMI, la participación del trabajo en la renta nacional y la marcha de la productividad. Arango adujo que aplicarlos o no depende de una "decisión política" del Gobiero.

UGT y CCOO pidieron conjuntamente a Trabajo un aumento del 11,76 por cien en el SMI de 1992, y la supresión del tramo para menores de 18 años, lo que hubiera supuesto un salario mínimo de 60.000 pesetas mensuales.

También reivindicaban la fijación de una claúsula de revisión para los perceptores de este salario, extremo que el Gobierno ha desetimado por considerar que el colectivo de beneficiarios es muy variable "y lo aconsejable es recoger las posibles desviaciones inflacionarias y aplicarla en la revisión anual, como hemos hecho ahora", según indicó Arango.

AMENAZAS SINDICALES

Los representantes de los cuatro sindicatos presentes en la reunión, UGT, CCOO, el vasco ELA-STV y el gallego CIGA coincidieron en calificar la propuesta del Ministerio de Trabajo de "ridícula" y amenazaron con convocar movilizaciones si el Gobierno no varía su actitud.

El secretario de Acción Sindical de UGT, Apolinar Rodríguez, acusó al Ejecutivo de intentar aplicar "las rigideces económicas sobre los másdébiles, los que menos cobran del país, mientras que se muestra débil con los fuertes".

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Agustín Moreno, mostró su sorpresa por la propuesta de la Administración, y aseguró que no le extrañaría "que haya habido una intervención del propio presidente del Gobierno".

Finalmente, el representante de la patronal CEOE, Fernando Moreno, señaló que la propuesta del Ejecutivo coincide con las previsiones realizadas conjuntamente por su organización y or CEPYME, al tiempo que expresó su deseo de que ese aumento sirva de pauta para el resto de la negociación colectiva en 1992.