Estarás aseguró que la operación se realizó de acuerdo a la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autonóma, que fue aprobada el día 17 de octubre de 1.990 por el Gobierno de Gabriel Cañellas. Se trata de una ley presidencialista qu permite al presidente de la comunidad autónoma la compra directa de inmuebles sin previa información pública.

La consejera de Presidencia negó rotundamente que se pagaran comisiones con dinero público a socios del entonces presidente Gabriel Cañellas. Según Izquierda Unida, tres agentes inmobiliarios cobraron cuarenta millones de pesetas en comisiones por su mediación en la operación. Uno de los intermediarios fue Andreu Roig, socio de Gabriel Cañellas en la empresa urbanizadora Es Semente S.A.

zquierda Unida presentó el pasado lunes una denuncia penal ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por un presunto delito de prevaricación contra el ex presidente Gabriel Cañellas y todos los miembros del Consejo de Gobierno que aprobaron la compra de la sede de la Consejería de Agricultura por 745 millones de pesetas el día 21 de marzo de 1.991.