El consejero de Obras Públicas, Bartomeu Reus, señaló al diario "Baleares" que se ha abierto el preceptivo expediente administrativo,a partir del cual se aplicará la sanción pertinente, que se acumula en 350.000 pesetas por cada día que transcurre.

Las multas se imponen desde que FCC se hizo cargo de la continuidad de las obras en el mes de agosto de 1994, después de que el Gobierno autónomo rescatara la concesión adjudicada al empresario Antonio Quart, cuya constructora quebró.

El Gobierno balear podrá garantizar el cobro de dichas sanciones, al disponer de 180 millones de pesetas que reclamó en el momento de la adjudicaciónlas hermanas Koplowitz, propietarias de FCC, en concepto de fianza.

Esta circunstancia se produce como consecuencia de las sucesivas prórrogas que el Gobierno balear concedió a Antonio Quart con anterioridad a la entrada de FCC. Cuando se llevó a cabo la nueva adjudicación, el Gobierno autónomo se comprometió verbalmente con FCC a concederle nuevas prórrogas.

No obstante, el PSOE balear denunció desde entonces el carácter ilegal de dicho compromiso verbal, que ahora reconoce el Gobierno regional motivo por el cual se ha visto obligado a abrir el citado expediente sancionador.

Con la ley en la mano, según reconoció el consejero balear, FCC no se puede beneficiar de nuevas prórrogas, salvo que exista un accidente en la obra, y citó como ejemplo un desprendimiento que justificara el retraso de las mismas.