El texto, que deberá ser aprobado por el Parlamento regional y que incluye once artículos y cuatro disposicones, obliga a declarar, aparte de a los altos cargos, a los representantes de la Junta en las empresas públicas donde la participación del Gobierno autonómico sea al menos del 50 por ciento, y al personal eventual de la Administración regional.

La ley contempla además la voluntariedad de hacer públicos sus rentas y bienes en el caso de los presidentes de diputaciones, de cajas de ahorros y rurales y de alcaldes de municipios con más de 5.000 habitantes.

También figuran en el apartado de "voluntaios" los cónyuges o personas vinculadas a los altos cargos por análoga relación de convivencia afectiva y los hijos de los mismos.

Esta medida promovida por el presidente de la Junta, José Bono, contempla en su apartado de sanciones el cese inmediato en el puesto para aquellos cargos que oculten o falseen las declaraciones presentadas con la intención de defraudar.

También se prevé en el texto de la ley la publicación en el "Diario Oficial de Castilla-La Mancha" del nombre de los altos cargos queno presenten las declaraciones o no subsanen los errores u omisiones en las mismas.

El presidente de la Junta, José Bono, declaró hoy a Onda Cero que "a pesar de las críticas y alabanzas que pueda recibir por esta ley, creo que a los políticos nos interesa el máximo nivel de transparencia dentro del clima de sospechas que tenemos en nuestro país".

Bono negó que esta medida tenga un objetivo electoralista y afirmó: "Por encima de mi interés en ganar las próximas elecciones, quiero ser decente y qu no me confundan con quienes no lo son, sean éstos quienes sean".