Fuentes gubernamentales señalaron este jueves que el Ejecutivo "está viendo una fórmula técnica para rescindirlo" tras reivindicar siempre una posición cercana con Palestina. Así, el Ministerio del Interior busca una fórmula jurídica para intentar rescindir este contrato sin que suponga ningún coste económico ni perjuicio para la Administración. La compra desató el malestar entre los socios de Gobierno, Sumar e Izquierda Unida.