Según el Gobierno, el buen estado del recurso pesquero, que es gestionado de forma conjunta entre España y Portugal, permite este incremento, frente a las 41.777 asignadas inicialmente para 2023, bajo el enfoque de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) recogido en la Política Pesquera Común (PPC).

El dictamen constata la tendencia de mejora del recurso pesquero en los últimos años y muestra un reclutamiento de la población que es el segundo mejor de la serie histórica desde 2004, después del 2019, que permite asegurar una consolidación de la recuperación de la sardina ibérica.

Las flotas españolas que se beneficiarán de esta subida de captura son las del cerco, racú y piobardeira y xeito del Cantábrico y Noroeste y el cerco del golfo de Cádiz.

El ministro Luis Planas cree que esta tendencia positiva refleja el "magnífico" trabajo realizado por el sector pesquero; los científicos, con el seguimiento y evaluación de los recursos pesqueros; así como por la buena gestión de las administraciones portuguesa y española con su actuación coordinada en estos años.

España y Portugal llevan a cabo una gestión sostenible de esta especie desde hace años mediante la aplicación de planes de gestión conjuntos, el último refrendado por el CIEM en 2021 y aprobado por las administraciones de ambos países.

Esta recomendación del CIEM será la base para determinar a principios del año que viene, por la administración pesquera española y de común acuerdo con la administración portuguesa, la cuota que se podrá pescar por la flota de cada país en 2023.