Así lo manifestó el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria escrita ante una pregunta realizada por Vox sobre los datos oficiales que tiene sobre el número total de cambios registrales desde la entrada en vigor de dicha ley. Vox también preguntó al Gobierno cuántos solicitantes de cambio de sexo tienen antecedentes penales o policiales, especialmente por delitos sexuales; si el Ejecutivo prevé publicar anualmente estos datos; cuántas víctimas vieron afectados sus derechos o protecciones tras el cambio registral de su agresor; y si en estos procedimientos se comprueban los antecedentes penales o policiales, y por qué no se hace en caso negativo.

El Gobierno respondió a las preguntas de Vox aportando los citados datos globales y una breve explicación del procedimiento legal de esta norma, sin entrar en cuestiones sobre delincuencia o impacto de cambios de sexo en las víctimas.

En concreto, el Ejecutivo recordó que el procedimiento de cambio registral está regulado en los artículos 44 y siguientes de esta ley y se basa en dos comparecencias ante el encargado del Registro Civil, en las que la persona interesada manifiesta su disconformidad con el sexo que figura en el registro.

La respuesta del Gobierno no menciona comprobaciones de antecedentes penales o policiales, ni ofrece datos sobre cuántas solicitudes corresponden a personas con antecedentes penales ni sobre posibles efectos en los mecanismos de protección de las víctimas.

En su documento de preguntas, Vox señaló que en 2023 se registraron 5.139 cambios de sexo registral, “cuatro veces más que el año anterior”, y afirmó que más de un centenar de esos cambios habrían sido realizados por personas condenadas o investigadas por delitos sexuales.