Así lo indicó este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que defendió la herramienta como un “instrumento muy útil” que ha sido trabajado “técnicamente” y “con mucho rigor”.

Rodríguez realizó esta defensa del índice en la primera semana de aplicación de control de los precios del alquiler a grandes tenedores y los nuevos pisos que se saquen al mercado del alquiler en Cataluña, única región que ha publicado la declaración de zonas tensionadas hasta el momento.

Asimismo, la ministra realizó un llamamiento a todas las comunidades autónomas “para que se hagan cargo de esta necesidad” y recalcó que algunos ayuntamientos, “incluso gobernados por el PP”, están haciendo esa demanda “porque hay verdaderas emergencias”. Fuentes gubernamentales explican a Servimedia que los ayuntamientos están explorando jurídicamente cómo sortear la voluntad de las comunidades del PP de no declarar zonas tensionadas, lo que permitiría aplicar el control de precios.

“Yo sí pido a todas las comunidades autónomas que, teniendo un instrumento que garantiza el abaratamiento de las rentas del alquiler, lo trabajen para dar respuesta a sus ciudadanos. Si no, no hay quien entienda cómo teniendo un instrumento que abarata la renta del alquiler no se pone en marcha”, recalcó.

NUEVA HERRAMIENTA

Al índice de precios se tienen que acoger a estos precios los contratos de alquiler de viviendas pertenecientes a grandes propietarios con 10 o más pisos (o más de cinco, si así lo decide una comunidad autónoma). También lo hacen pisos que salgan por primera vez al mercado del alquiler en un período de cinco años, aunque pertenezcan a pequeños propietarios.

La herramienta se ha conformado con datos del IRPF que facilitan los propietarios sobre sus pisos en alquiler que bajan a un nivel de sección censal y establece un rango mínimo y uno máximo en función de determinadas características como la disponibilidad de ascensor o consejería, el estado de la vivienda o el certificado energético.

El Ejecutivo definió como zona tensionada en la norma a aquellos lugares en los que la renta de los hogares dedicada al pago del alquiler o de la hipoteca, además de los suministros, superase el 30% en ambos casos, o bien, que la evolución del precio del alquiler en los últimos cinco años fuera superior en tres puntos a la del IPC.

En el caso de los pequeños propietarios, sus alquileres en vigor no tendrán que acogerse al índice, pero, en caso de firmar un nuevo contrato, deberán referenciar el precio al del inquilino anterior. Además, desde la aprobación de la Ley de Vivienda, todos los contratos tienen limitada la subida anual del precio al 2% el año pasado, 3% este 2024 y, a partir de 2025, a lo que determine un nuevo índice que el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe desarrollar.