En la rueda de prensa en la que realizó el balance de fin de año y anunció el nuevo paquete de medidas para paliar la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, el líder del Ejecutivo dio a conocer esta novedad respecto a los decretos anteriores y después de días de presión del espacio de Unidas Podemos, que ha estado durante en las últimas semanas reclamando al PSOE en público y en privado la “congelación” de los alquileres.

El texto acordado incluye, de esta manera, una prórroga extraordinaria de los alquileres siempre a petición del arrendatario, durante la cual se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.

No obstante, no se producirá una congelación en términos estrictos, ya que la renta del contrato aplicable durante esta prórroga podrá alcanzar un incremento igual o menor a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad, que será como máximo un 2%.

El arrendador deberá aceptar la solicitud de prórroga salvo que se hayan fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes o que este haya comunicado en tiempo y forma que necesita la vivienda para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

Esta mañana el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, lamentaba que hasta que no se apruebe la Ley de Vivienda es “muy difícil” que la regulación afecte a los nuevos contratos “porque ni siquiera hay un índice al que poder referenciarlo”.

Durante estos días, como parte de la estrategia de presión de UP al PSOE, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, señalaba en su perfil de Twitter que era “imprescindible” dar “garantías” a los trabajadores, apuntando que el “principal gasto de las familias” es la vivienda por lo que tocaba “darles tranquilidad” y urgía “actuar en materia de alquileres”.

En los mismos términos, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, apuntaba que “la mejor noticia de esta Navidad para mucha gente” sería que el Gobierno “congele los alquileres” y las hipotecas a tipo variable, subrayando la “necesidad” de que el PSOE entendiese que “este es el principal gasto de la mayoría de familias”. No obstante, la propuesta de congelación de las hipotecas, que habría impactado en el acuerdo alcanzado entre Calviño y el sector bancario, no ha sido recogida en el nuevo paquete de medidas.

REVISIÓN ANUAL

En cuanto al tope del alza de precios en la revisión anual de contratos, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2023, una medida que afecta a los inquilinos cuya renta “deba ser actualizada porque se cumpla la correspondiente anualidad de vigencia” dentro del periodo en el que esté vigente la norma.

Así, se establecía que la subida no podía exceder la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad, que, a pesar de que sitúa en el 8,6% en el último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE), el valor de referencia es el 2% que el Banco Central Europeo (BCE) sitúa como objetivo a medio plazo de la inflación.

Tanto si el arrendador era un gran tenedor -más de 10 inmuebles o más de 1.500 metros cuadrados de superficie- o un pequeño propietario, la norma establecía que podía haber un acuerdo entre ambas partes para una subida inferior a ese 2%, pero, a falta de acuerdo, el incremento estaría limitado a ese valor.

En el mes de noviembre, la portavoz en el Congreso de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, anunció el voto positivo de la formación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a cambio de mantener en 2023 esta medida.

DESAHUCIOS

Además, el líder del Ejecutivo anunció también la ampliación de la suspensión de los desahucios y lanzamientos hasta el 30 de junio de 2023 para hogares vulnerables, incluidos aquellos hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.

En este último supuesto, se establece la posibilidad de que el juez, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, tenga la facultad de suspender el lanzamiento, cuando los propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas, solicitando informe a los servicios sociales competentes con objeto de que puedan valorar la situación de vulnerabilidad económica e identificar las medidas a aplicar para dar respuesta a dicha situación.

En caso de que no se ofrezca una solución habitacional en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales, los propietarios del inmueble tendrán derecho a solicitar una compensación siempre que se acredite el perjuicio económico ocasionado.

Además, el Gobierno ha aprobado la extensión del plazo durante el que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento, podrán presentar la solicitud de compensación. Dicho plazo era de un mes desde la finalización de la vigencia de las medidas, por lo que se podrá presentar dicha solicitud hasta el 31 de julio de 2023.