Así lo consideraron fuentes gubernamentales, las cuales también denominaron la declaración de Gómez ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, de "cacería política".

El juez adelantó la declaración de Gómez a este miércoles, que estaba fijada para el jueves y que su letrado Antonio Camacho pidió aplazar por coincidir con un señalamiento previo en Canarias.

Además, el magistrado solicitó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice los correos enviados y recibidos por Gómez desde julio de 2018, cuando se realizó el nombramiento de Cristina Álvarez como su asesora.

Por su parte, la defensa de Gómez impugnó su citación señalando que su asesora incluyó un párrafo de su parte en un correo: “Fue un favor, un uso social y considerarlo un delito es una interpretación del Código Penal alejada de la realidad”.

El abogado de Gómez insiste en que la providencia del juez “carece de motivación” y ha sido redactada sin incluir “ninguna cautela”, pese a la “repercusión mediática indiscutible” de su defendida y a que afecta a sus derechos fundamentales.