Así lo sostuvieron fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en relación con las críticas de algunos sectores económicos y representantes políticos al real decreto que elabora el departamento dirigido por Sara Aagesen para regular la implantación de estas instalaciones en España.

A este respecto, a pesar de discrepar sobre las cifras de algunas regiones, defendieron que “España es un país muy atractivo para instalar CPD, por su ubicación geográfica, su clima y su liderazgo en energías renovables”.

Además, recordaron que la Estrategia de Inteligencia Artificial, actualizada en 2024, prevé un despliegue de CPD acorde con las previsiones del sector, con una potencia de computación acumulada de 2,5 GW para 2030, equivalentes a unos 4 GW de demanda eléctrica.

Sin embargo, apuntaron que ya se han concedido derechos de acceso y conexión a las redes eléctricas por más de 12 GW eléctricos, el triple del objetivo sectorial, y que también hay un número muy relevante de solicitudes.

Por otro lado, alertaron de que en países como Irlanda, Países Bajos o Estados Unidos el crecimiento desordenado de CPD ha provocado fuertes incrementos del precio de la electricidad.

Asimismo, advirtieron de que en Estados Unidos se auguran subidas del 70% del precio de la electricidad hasta 2030 en grandes regiones, tensiones por el abastecimiento de agua y un fuerte rechazo social, que está provocando moratorias a nuevas instalaciones y la pérdida del apoyo público por el coste político.

Por todo ello, el Ejecutivo de Sánchez considera que España, a la vista del gran interés de la industria, está en disposición de escoger los mejores CPD, los que aporten más beneficios con el menor impacto ambiental, y sin sufrir un incremento de las facturas eléctricas, objetivos perseguidos por la normativa que está elaborando.

Para conseguirlo, el Gobierno ha diseñado un Proyecto de Real Decreto que incluye requisitos en materia de resiliencia y soberanía digital, y requisitos en materia de sostenibilidad hídrica y energética, que deben cumplir los CPD de cierto tamaño, mayores de 1 megavatio (MW) de potencia eléctrica.

En materia de resiliencia y soberanía digital, los CPD tendrán que estar operados por una entidad establecida en la UE, que mantendrá los datos relativos a la operación del centro en territorio comunitario y que adoptará medidas frente a los accesos de autoridades de terceros países no amparados por el Derecho europeo.

En materia de sostenibilidad ambiental, los CPD tendrán que cumplir los estándares más exigentes del etiquetado europeo de CPD relativos al consumo de agua (WUE) y de energía (PUE): los de la Categoría A, correspondiente a la mejor tecnología del mercado.

Además, los CPD españoles consumirán un 80% de nueva energía renovable en todas sus horas de funcionamiento (mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo), de un modo similar a lo exigido por las normas europeas para los combustibles de origen no biológico o el hidrógeno de origen renovable, o en las normativas para CPD de Irlanda, Alemania o China. Este requisito desaparecerá cuando el mix de generación supere el 90% de renovables.

Adicionalmente, los proyectos de CPD deberán acreditar que cumplen estos requisitos para acceder a la red eléctrica, y el Gobierno lo comprobará periódicamente. En el caso de incumplir con el 80% de abastecimiento renovable, sufrirán penalizaciones crecientes en sus facturas eléctricas (en los importes que correspondan en cargos y peajes) para compensar el sobrecoste que, de otro modo, repercutirían sobre el resto de los consumidores de electricidad. Y el incumplimiento reiterado podrá acarrear la pérdida del acceso a la red.

Por su parte, los proyectos de CPD que no se hayan conectado a la red tendrán un período de seis meses para acreditar su conformidad a estos requisitos o renunciar a sus derechos de acceso a la red, sin la ejecución de las correspondientes garantías.