Según detalló el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en un comunicado, el anteproyecto de Ley se aprueba en primera vuelta y se someterá ahora a audiencia e información pública antes de continuar su tramitación.

La reforma persigue un doble objetivo: reforzar la arquitectura institucional con la creación de una autoridad especializada e independiente y adaptar la normativa española al nuevo paquete europeo antiblanqueo aprobado en 2024 y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Así, la nueva autoridad unificará competencias que hoy se reparten entre el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) y la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. Integrará las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, supervisión e inspección, potestad sancionadora y sanciones financieras internacionales, y asumirá además competencias hasta ahora no atribuidas a ninguna autoridad como la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La nueva autoridad se convertirá también en el interlocutor único de España ante la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo (AMLA).

Anifi dispondrá de un sistema de financiación autónomo y sostenible que no dependerá de los Presupuestos Generales del Estado. Se nutrirá de una tasa sobre los sujetos obligados sometidos a licencia administrativa (fundamentalmente entidades financieras y operadores de juego) y de un porcentaje limitado de las sanciones que imponga que destinará a financiar actividades de prevención y persecución del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como de cooperación internacional.

Para acelerar su puesta en marcha y bajo el principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos, la nueva autoridad se construirá sobre la estructura del actual Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

La reforma actualiza también la normativa para adaptarla a los estándares europeos e internacionales. Entre las principales novedades, se incorporan nuevos sujetos obligados, nuevas potestades de inspección y sanción del Registro Central y se endurecen los requisitos de idoneidad, impidiendo que personas condenadas por blanqueo puedan ejercer como sujetos obligados o dirigirlos. Asimismo, se refuerza el control de los movimientos de efectivo.

CAMBIOS EN EL FROB

Además, las funciones de resolución ejecutiva del FROB se traspasan a las autoridades que ya ejercen la resolución preventiva —el Banco de España, para las entidades de crédito, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para las empresas de servicios de inversión—, de modo que exista una única autoridad de resolución para cada tipo de entidad, en línea con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

Este traspaso se realiza garantizando la separación funcional respecto de la supervisión dentro de cada autoridad, para prevenir conflictos de interés, y preservando la participación del Ministerio de Economía en las decisiones con impacto presupuestario o sobre la estabilidad financiera.

Por su parte la participación del Estado en CaixaBank se seguirá gestionando desde BFA Tenedora de Acciones, que dejará de ser filial del FROB, pasando a ser una sociedad adscrita al Ministerio de Economía. BFA mantendrá su naturaleza de sociedad instrumental a la que se traspasarán también las acciones de Sareb y “continuará ejerciendo sus derechos como accionista de la misma forma que hasta ahora, manteniéndose las obligaciones y condiciones de desinversión” establecidas por ley en 2012, según aseguró el Ministerio.