Eguiagaray hizo estas manifestaciones en la presentación de la Memoria de 1990 de la Dirección General de Análisis Económico Territorial, según la cual los planes de cooperación local del Estado canalizaron el año pasado una inversión de 95.086 millones de pesetas, sólo un 1,65 por cien más que en el 9.

Según los datos facilitados por el ministro, el Estado gestiona actualmente el 64 por ciento de los recursos públicos, las comunidades el 21 por ciento y las corporaciones locales algo menos del 15 por cien.

Además, en el periodo 84-90, la participación del Estado en la gestión de los recursos públicos habría crecido un 201 por ciento, frente a una banda que osciló entre el 338 y el 457 por cien en el caso de las comunidades autónomas.

Para el ministro, estas cifras muestran que las comundades están ya a niveles semejantes a los de países federales y dio a entender que, aunque todavía aumentarán su cuota "algo más", las cesiones del Estado se harán preferentemente en favor de los ayuntamientos.

Eguiagaray expresó su simpatía por un esquema de financiación que asignará en el futuro un 50 por ciento del gasto público al Estado, un 25 por cien a las comunidades autónomas y otro 25 por cien a las corporaciones locales.

CULMINAR EL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS

A su juicio, el pacto actulmente en negociación debe servir para poner el "bordón" al desarrollo del Estado de las Autonomías mediante la ampliación de competencias estatutarias y una mayor descentralización administrativa.

Aseguró que las conversaciones mantenidas hasta ahora permiten tener una "visión favorable", a pesar de las discrepancias en algunos puntos sensibles, como la conveniencia de aplicar recargos autonómicos sobre el IRPF como mecanismo de corresponsabilidad fiscal.

A este respecto, recordó que los recargo son una posibilidad contenida en la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) para aquellas comunidades que quieran dar a sus ciudadanos un nivel de servicios por encima de la media, pero insistió en que el Gobierno no presionará para su adopción.

Por otra parte, Eguiagaray replicó a unas manifestaciones del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, quien afirmó que sobran 300.000 funcionarios en la Administración Central.

Según el ministro, Pujol "no ha utilizado bien los datos", ya que ntre 1982 y la actual los empleados de la Administración Central del Estado han pasado de 1.180.000 a 900.000, lo que supone una reducción de 280.000. Las comunidades autónomas, por su parte, tienen 565.000 empleados.

Eguiagaray añadió que considera un "milagro" lo bien que ha discurrido el desarrollo del Estado de las Autonomías desde 1978 y que el Gobierno tiene al respecto una valoración "extremadamente positiva", aunque reconoció que hay "cosas manifiestamente mejorables".

Entre estas últimasdestacó la necesidad de una mayor cooperación, sin desconfianzas, entre la Administración central y las autonomías, así como la conveniencia de poner en marcha el fondo de solidaridad previsto en la LOFCA para garantizar unos servicios mínimos en todas las regiones.