En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, De la Vega pidió "un poco de paciencia" para afrontar la última etapa de presentación de enmiendas parciales. "Creo que en pocas semanas estaremos en condiciones de anunciar que hemos alcanzado un acuerdo constitucional y bueno para todos", añadió.

El Gobierno trabaja con la idea de que las enmiendas parciales deben estar pactadas antes de las ocho de la tarde del día 27 de este mes, porque en ese momento finaliza la última prórroga posible.

Para ampliar más allá de ese día el plazo de presentación de enmiendas sería necesaria la unanimidad de los grupos parlamentarios, y en el Gobierno son conscientes de la oposición del PP.

Además, cuentan con que, incluso teniendo todas las enmiendas parciales ese día, la ponencia de la Comisión Constitucional encargada de analizarlas lo comenzaría a hacerlo de modo formal hasta el mes de febrero, salvo que se habilitara para ello el mes de enero.

Uno de los mayores obstáculos es la financiación, ya que el tripartito quiere incluir en el Estatuto las líneas básicas del sistema y espera las propuestas concretas del vicepresidente segundo, Pedro Solbes.

En este punto, De la Vega reiteró los principios del Gobierno, entre los que sigue figurando la negativa a ceder el impuesto de Sociedades y a aumentar la participación en el IVA.

El argumento esgrimido por la vicepresidenta es que el Estado debe tener "un sistema fiscal propio" no vinculado al de las comunidades autónomas, "en especial en los impuestos que afectan a la unidad de mercado".

Además, insistió en que debe mantenerse la Agencia Tributaria de ámbito estatal, aunque trabaje de forma coordinada con las autonómicas.

Otro de los puntos irrenunciables del Gobierno es que el sistema de financiación debe ser aplicable a todas las comunidades autónomas y, por tanto, acordado de forma "multilateral" en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se muestra partidario, eso sí, de aumentar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, es decir, de incrementar su participación en "algunos" de los impuestos cedidos.

La vicepresidenta no quiso desvelar si existe previsión de nuevas reuniones del presidente con las formaciones políticas catalanas, como la que el pasado jueves se conoció con Duran i Lleida, de CiU.

Argumentó que en un proceso de negociación se celebran cuantas reuniones se consideran necesarias para llegar a un acuerdo, y en este caso, se hará así, pero siempre dejando claro que la competencia ahora es de los grupos parlamentarios, no del Ejecutivo.