Así lo aseguró la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado esta mañana en el Palacio de la Moncloa cuando se le planteó una pregunta sobre esta cuestión.

El esto remitido por la Comisión Europea al TJUE considera que le amnistía que el Congreso de los Diputados aprobó a favor de todos los implicados en el desafío separatista de octubre de 2017 puede considerarse una “autoamnistía” dado que fue una exigencia de Puigdemont a Pedro Sánchez para respaldar su investidura tras las elecciones generales de 2023.

A este respecto, Alegría centró su respuesta a los periodistas en los aspectos ventajosos que el Ejecutivo encuentra en ese documento, especialmente el hecho de que la Comisión Europea traslade al TJUE que no considera perjudicados los “intereses financieros” de las instituciones comunitarias con la amnistía ni cree que en el golpe independentista de 2017 se empleasen “fondos europeos”.

La ministra alegó que esa afirmación de la Comisión Europea sirve para “validar la aplicación de la amnistía en los casos de malversación, que son los que afectan a lideres independentistas cuyo caso están pendientes de resolución judicial”, como el propio Puigdemont.

Además, subrayó que el dictamen de la Comisión Europea “no es vinculante” pero calificó de “positivo” parte de su contenido al interpretar que “se acerca a esa aplicación total de la amnistía, que es el objetivo que busco el legislador desde el principio”. En su opinión, ahora sólo falta que el TJUE se manifieste en su “resolución definitiva” para dar luz verde total a la amnistía.