Así lo trasladaron fuentes de Función Pública tras la votación en el Pleno del Congreso del real decreto-ley aprobado por el Gobierno, que incluía la creación de un registro estatal obligatorio de lobbies.

La norma fue impulsada por el Ejecutivo después de que durante casi dos años no lograra alcanzar un consenso para desbloquear la proposición de ley sobre esta materia que había auspiciado el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública en diálogo con el sector. La gran polémica fue el temor de sindicatos y CEOE de verse catalogados como lobbies, pero el ministro del ramo, Óscar López, aclaró este miércoles que no es así y que se especificaría con mayor profundidad durante el mes de octubre.

“La derecha y la ultraderecha han perdido una oportunidad de oro para ser responsables, dar ejemplo y mandar un mensaje de regeneración institucional, votando en contra de que España siga avanzando en materia de transparencia. Más allá de asestar una derrota al Gobierno, van a tener muy difícil explicar su voto en contra”, avisó el Ministerio.

Explicó que el rechazo a esta ley va a suponer renunciar a unos 260 millones de fondos europeos vinculados al cumplimiento de esta reforma en el Plan de Recuperación. Eso sí, aclaró que serán menos fondos de los que se podían perder en origen gracias a que el Gobierno ha renegociado los objetivos con Bruselas, por lo que el coste será menor.

Subrayó que esta ley la reclamaba la patronal del sector, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que agrupa a los lobbies, y que querían estar regulados, que hubiera transparencia, un registro y trazabilidad en la elaboración de las leyes. También la demandaban instituciones como la Comisión Europea, la OCDE y el Consejo de Europa. Además, resaltó que venía legitimada por Bruselas, por el Plan de Acción por la Democracia y por el Quinto Plan de Gobierno Abierto.

Igualmente, comentó que, durante su tramitación parlamentaria, se han incorporado más del 90% de las enmiendas presentadas al proyecto, incluidas las del PP. En este punto, puso en valor que el Gobierno ha cumplido con sus compromisos, aprobando esta norma como Real Decreto Ley para cumplir el plazo del 31 de agosto con Bruselas y para estar a la altura de países que ya regulan los lobbies, como Reino Unido, Alemania, Finlandia, Austria o Irlanda.

A su criterio, resulta “paradójico” que el Gobierno impulse una ley que le afecta, que aplica más transparencia a la Administración General del Estado y más mecanismos de control democrático, y que sea la oposición la que vote en contra de que haya más transparencia. A ello sumó que “es incoherente que el PP diga que quiere una ley de Lobbies pero luego vote en contra”.

“Es muy difícil oponerse a esta ley salvo que lo que se tenga en la cabeza sea el modelo de negocio de Montoro y Asociados. Un modelo que consiste en que un ministro de Hacienda entre los años 2000 y 2004, cuando sale del Gobierno monta un despacho que hace asesoramiento estratégico a empresas e instituciones nacionales e internacionales en materia fiscal, económica y regulatoria. Y que, cuando vuelve al Gobierno años después, no sólo se lleva al ministerio a los técnicos con los que trabajaba en ese despacho, sino que además hace una amnistía fiscal para sus clientes”, lanzó el departamento dirigido por Óscar López.