El presupuesto máximo de las ayudas a conceder bajo esta orden para el periodo 2022-2023 será de 200 millones de euros, de los cuales 120 millones corresponden al mecanismo de recuperación y resiliencia en forma de subvención, y 80 millones serán en forma de préstamo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Las ayudas previstas en esta orden podrán tener carácter plurianual en el periodo 2022-2023, ambos incluidos, según se determine en las correspondientes convocatorias, y plazo máximo de realización hasta el 30 de junio de 2025.

El establecimiento de las bases reguladoras para la selección y concesión, en régimen de concurrencia competitiva de las ayudas correspondientes, supone el paso previo a la publicación de la convocatoria y abrir el plazo de presentación de proyectos antes de final de año.

El desarrollo del Perte Naval prevé una inversión total de 1.460 millones de euros con una contribución del sector público de 310 millones de euros y una inversión privada de 1.150 millones de euros.

Los proyectos que se presenten para el desarrollo del Perte Naval deberán incluir al menos una actuación o proyecto primario que acredite el desarrollo de cada uno de los bloques de carácter obligatorio que componen la línea de ayudas.

Se trata de diversificación (innovación en la cadena de valor), digitalización (transformación digital de la cadena) y sostenibilidad (economía circular, eficiencia energética y mejora medioambiental).

También se deberá presentar un plan transversal de formación y reciclaje profesional y se exigirá el cumplimiento del principio DNSH ('Do No Significant Harm' en inglés) de no causar un perjuicio significativo al medioambiente y una contribución mínima al etiquetado climático del 40%.

Las entidades interesadas en presentar una solicitud se deberán constituir como una agrupación de empresas, formadas por al menos seis compañías, con al menos un 40% de pymes y dos astilleros, uno de los cuales debe ser privado.

Asimismo, los proyectos deberán contar con un promotor industrial, un proveedor de tecnología o conocimiento y un interlocutor con la administración y al menos existirán centros de actividad en dos comunidades autónomas.